LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

PREÁMBULO

La presente Ley contiene la regulación de diversas medidas fisca­les y administrativas vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009. Su contenido lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria que anualmente acompañan a la Ley de Presupuestos, y, además, se añaden a las anteriores otras medidas de diferente carác­ter que afectan al régimen presupuestario y de contratación de la Co­munidad de Madrid, a la gestión de sus recursos humanos, a los or­ganismos vinculados o relacionados con la Administración regional y a la actividad administrativa que esta desarrolla en el ámbito urba­nístico y económico.

I

El Capítulo I contiene las medidas tributarias derivadas de las competencias normativas otorgadas a la Comunidad de Madrid, en relación con los tributos estatales cedidos, por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y adminis­trativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Au­tónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y, en relación con los tributos propios, por los artículos 157 de la Constitución Española y 11.b) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se crean dos nuevas deducciones: la primera para compensar el incremento de los costes de la financiación ajena obtenida para inversión en vivienda habitual de los contribuyentes, que deriva del alza de los indicado­res que sirven de referencia para determinar los tipos de interés, y la segunda, por los gastos educativos satisfechos por escolarización obligatoria, gastos complementarios y enseñanza de idiomas. Asi­mismo, se amplía el ámbito objetivo de la deducción por donativos a fundaciones, extendiendo la misma a los donativos efectuados a fundaciones que tengan fines de carácter educativo y que estén re­gistradas en la Comunidad de Madrid. Además de estas deducciones se mantienen el resto de las ya vigentes durante 2008, con la excep­ción de la deducción para compensar la carga tributaria de las ayu­das percibidas por quienes sufrieron prisión en los supuestos con­templados por la Ley de Amnistía, dado que las ayudas percibidas por aquellos se declaran exentas de tributación en el actual Impues­to sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado, se mantiene la tarifa aprobada en la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que su­pone una rebaja de la tarifa autonómica supletoria regulada en la normativa estatal del Impuesto.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene el mínimo exen­to general establecido para la Comunidad de Madrid en la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administra­tivas, y se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto que se aplicará con posterioridad a las deducciones y bo­nificaciones reguladas por la normativa del Estado.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se mantienen las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones "mortis causa", la tarifa, los coeficientes correctores de la cuota, y las bonificaciones en cuota vigentes durante el año 2008.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí­dicos Documentados se establece un nuevo tipo impositivo en la modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" para la constitución y modificación de derechos reales de garantía a favor de sociedades de garantía recíproca ubicadas en la Región de Madrid. Asimismo, se mantienen las medidas ya vigentes durante el año 2008 en ambas modalidades del Impuesto.

En la tributación sobre el juego se establece una nueva regulación de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar por lo que se refiere a los juegos realizados por Internet.

En relación a las tasas y precios públicos, se establecen dos nue­vas tasas por prestación de servicios de la Academia de Policía Lo­cal de la Comunidad de Madrid, se suprimen dos tasas en materia de comercio, y se modifica la regulación singular de diversas tasas en materia de asociaciones, industria, comercio, educación, caza y pes­ca, farmacia, sanidad y vivienda.

Finalmente, se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la elaboración y aprobación, en un plazo de diez meses, de un Texto Refundido que contenga toda la legislación vigente en 2009 en relación con los tributos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid.

II

El Capítulo II contiene modificaciones en materia de hacienda y contratación.

Introduce varias modificaciones a la Ley 9/1990, de 8 de noviem­bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya inclusión se justifica por diversos motivos que seguidamente se ex­ponen.

Mediante la modificación del artículo 55 se agiliza la tramitación de expedientes plurianuales cuando, sin comprometer gasto en la anualidad corriente se extiendan solo a la anualidad siguiente y exis­ta crédito en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Co­munidad de Madrid para ese ejercicio. Estos gastos no precisarán in­forme de la Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico ni estarán sujetos a límites porcentuales.

Mediante la modificación del artículo 49, del Capítulo II del Tí­tulo II y del artículo 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regu­ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como de los artículos 59 y 63 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, se adap­ta la legislación presupuestaria y contable de las Empresas y Entes Públicos con presupuesto estimativo de la Comunidad de Madrid tanto al principio de plurianualidad recogido en las Leyes de Estabi­lidad Presupuestaria como a la reforma contable operada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Además, con el objeto de adecuar la normativa autonómica a las novedades introducidas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se modifican la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Ma­drid, la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administra­ción Institucional de la Comunidad de Madrid y la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Ma­drid. Con la nueva redacción se actualizan los supuestos en los que el Gobierno debe autorizar la celebración de los contratos. Además, se declara medio propio instrumental y servicio técnico de la Admi­nistración de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autó­nomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes, a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, al Ente de Derecho Público MINTRA y al Canal de Isabel II.

III

En el Capítulo III, bajo la rúbrica "Recursos humanos", y en apli­cación de una política orientada a alcanzar formas cada vez más efectivas y eficientes de gestión del conjunto de recursos humanos, se adoptan una serie de medidas cuya aplicación además supondrá un ahorro en los gastos de personal. En este sentido, se modifica tan­to la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comuni­dad de Madrid, como la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la Comu­nidad de Madrid, con el objeto de controlar y reducir el absentismo laboral.

Además, la apertura de nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, con formas de gestión novedosas, incluida la concesión ad­ministrativa de gestión de servicios sanitarios y la externalización de algunos servicios, hace necesario ampliar y mejorar en el ámbito de la Comunidad de Madrid las condiciones establecidas en el artícu­lo 65 de la Ley 55/2003, de 15 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el fin de que el personal estatutario fijo pueda pasar a prestar servicios en Institucio­nes sanitarias acogidas a estas nuevas formas de gestión, sin que ello suponga perder su derecho a reincorporarse como personal estatu­tario.

Por otra parte, se extiende al personal sanitario que preste servi­cios en determinados centros sociales la posibilidad de compatibilizar un segundo puesto en el sector público socio sanitario, a fin de facilitar su contratación temporal y asimilar su régimen al del resto del personal sanitario.

Por último, en este capítulo de recursos humanos, se modifica la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, con el fin de precisar el concepto de Alto Cargo a los efectos de aplicación de la Ley, así como el régi­men de incompatibilidades y de situaciones administrativas aplica­ble a los gerentes de los Hospitales con forma de Entidad de Dere­cho Público y a los gerentes de sociedades mercantiles.

IV

En el Capítulo IV se regulan algunas medidas relativas a organis­mos públicos de la Comunidad de Madrid.

Así, se adapta la estructura de la Agencia de Informática y Comu­nicaciones de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, otorga a los servicios de aducción y depuración la consideración de servicios de interés de la Comunidad de Madrid por ser de carácter supramunicipal, ya que, por un lado, la prestación de tales servicios exige la superación de los límites del término municipal de forma que se apliquen condiciones de eficiencia y eficacia en el uso del re­curso acuífero por parte de todos los habitantes de la Comunidad; y, por otro, tiene evidentes repercusiones en todo el ámbito de la Co­munidad de Madrid, especialmente en materia medioambiental y de control de los vertidos de las aguas residuales.

Los avances tecnológicos desarrollados para paliar la escasez del agua han permitido el desarrollo de un nuevo servicio, denominado reutilización, que faculta la regeneración del agua y su distribución para ciertos usos permitidos por el Estado. Este servicio de reutili­zación tiene igualmente carácter supramunicipal ya que la presta­ción del mismo, de acuerdo con el principio de eficacia del agua, exige la superación del término municipal; y, de otra parte, tiene re­percusiones medioambientales ya que implica un tratamiento mayor del agua depurada. Por ello, la Comunidad de Madrid declara tal servicio de su interés, a fin de hacer llegar el mismo a todos los ha­bitantes de la Comunidad que estén interesados en su consumo, para un mayor ahorro de agua potable.

Además, la gestión del agua afronta nuevos retos en el futuro que podemos concretar en dos: 1.° garantizar el volumen de agua nece­sario para asegurar el abastecimiento de agua a la población, el de­sarrollo económico y el crecimiento sostenible de Madrid en los pró­ximos años, y 2° asegurar, igualmente, la calidad del agua para su adaptación a los múltiples usos que se van a hacer de la misma y a los nuevos parámetros establecidos en la legislación nacional y europea, incluyendo lo previsto en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a completar la ejecución de las infraestructu­ras previstas en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y a alcanzar los objetivos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamen­to Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la po­lítica de aguas.

Todo ello va a exigir a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isa­bel II un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestruc­turas y procesos tecnológicos, que es preciso financiar con la capta­ción externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del ciclo hídrico.

A tal fin, y con el objetivo de llevar a cabo un proceso de capita­lización del Canal de Isabel II que mejore y haga sostenibles en el futuro los servicios que esta entidad presta, mediante la presente Ley se autoriza al Canal de Isabel II a constituir una sociedad anónima encargada de gestionar servicios hidráulicos, en cuyo capital se dará, previa autorización del Consejo de Gobierno, entrada a los ciu­dadanos e inversores interesados hasta un máximo del 49 por 100.

V

En el Capítulo V se contienen medidas que afectan al régimen de colaboración con las entidades locales.

En primer lugar, para garantizar el cumplimiento de los fines de cooperación, se modifica la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Admi­nistración Local de la Comunidad de Madrid, añadiendo un nuevo instrumento de cooperación que asista a los municipios a restituir servicios municipales afectados por daños imprevistos.

Además, se modifica la configuración del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), al objeto de que, en coherencia con su finalidad, pueda extender su cooperación a todos los gastos necesarios para la realización de obras y servicios de com­petencia local. Paralelamente, se desvinculan los gastos corrientes sufragados con cargo al Fondo Regional de Cooperación Municipal de las inversiones realizadas al amparo del PRISMA.

En materia de Policía Local, se modifica la vigente Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales, para regular los medios materiales y personales de las denominadas Brigadas Espe­ciales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) y su fi­nanciación por la Comunidad de Madrid.

VI

En el Capítulo VI se contienen modificaciones normativas en ma­teria de medio ambiente y ordenación del territorio. Se modifica el anexo quinto de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Am­biental de la Comunidad de Madrid, para adecuar la evaluación am­biental de actividades a la nueva realidad legal, económica, social y ambiental.

Por lo que se refiere a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se permite a los municipios autorizar di­rectamente, mediante licencia, instalaciones deportivas en suelo urbanizable no sectorizado.

VII

En el Capítulo VII, de acuerdo con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2006, re­lativa a los servicios en el mercado interior, que deberá aplicarse an­tes del 28 de diciembre de 2009, se modifica la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, consolidando en nuestra Comunidad, el principio de silencio positi­vo como norma general, en salvaguarda del interés general de las empresas y usuarios turísticos.

En este contexto, también se emprenden medidas para ahondar en el proceso de dinamización de los sectores de artesanía, comercio interior y ferias, ya iniciado con la Ley de Modernización del Co­mercio, mediante la necesaria simplificación de trámites administra­tivos que facilite la relación de las empresas con la Administración. Así, se elimina la obligación de inscripción en determinados Regis­tros como requisito previo para la obtención de las ayudas económi­cas en concepto de subvenciones que pueda convocar la Comunidad de Madrid.

En materia de juego, se modifica parcialmente la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, sustituyendo el ré­gimen de autorización administrativa previa para la explotación e instalación de máquinas recreativas por otro de comunicación del ejercicio de la actividad.

La modificación de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto clarificar y actualizar el contenido de la norma permitiendo además, durante la vigencia del Plan de Carreteras, la realización de actuaciones que deben aco­meterse por necesidades no previstas.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia exclusi­va en materia de Cajas de Ahorro e instituciones de crédito corpora­tivo público y territorial, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en las mate­rias 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

En ejercicio de dicha atribución y con objeto de regular el marco jurídico al cual deben someterse las Cajas de Ahorros en esta Comu­nidad Autónoma, fue aprobada la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, reformada por la Ley 3/2007, de 26 de julio. La nueva Ley perseguía la completa ade­cuación al nuevo marco general establecido con la publicación de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sis­tema Financiero, de carácter básico al amparo de lo previsto en el ar­tículo 149.1.11.a y 13.a de la Constitución.

Posteriormente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ha modificado, entre otras, la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Estas modifi­caciones introducidas en la legislación aplicable a las Cajas de Aho­rros hacen necesaria, a su vez, la presente reforma de la referida Ley 4/2003 para adaptar la normativa de la Comunidad de Madrid a los preceptos previstos por la normativa estatal.

En primer lugar, el texto autonómico se reforma para recoger las modificaciones introducidas en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros. Esta adaptación resulta imprescindible ante el proceso electoral que ha de tener lugar en 2009 en la Caja de Aho­rros y Monte de Piedad de Madrid. La Ley exige que, en el caso de Cajas de Ahorros que tienen oficinas abiertas en varias Comunida­des Autónomas, la distribución de los Consejeros Generales repre­sentantes de los Impositores y de las Corporaciones Municipales se realice en función de los depósitos captados.

Debido asimismo a la modificación de la Ley 31/1985, se regulan las nuevas Comisiones de Retribuciones y de Inversiones, que se constituirán en el seno del Consejo de Administración para informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miem­bros del Consejo y personal directivo, así como sobre las inversio­nes y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja.

Por otra parte, respecto de la novedad introducida a través de la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va­lores, relativa a la regulación del Comité de Auditoría que han de te­ner las Entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, se establece que los Es­tatutos de las Cajas de Ahorros deberán determinar si se constituirá un Comité de Auditoría formado por miembros del Consejo de Ad­ministración o se encomendarán las funciones del Comité de Audi­toría a la Comisión de Control.

Introducidas las novedades exigidas por la legislación estatal, se han efectuado otra serie de modificaciones puntuales, necesarias para una adecuada regulación de las Cajas de Ahorros de la Comu­nidad de Madrid. Así se produce un reajuste de los sectores aumen­tando, fundamentalmente, el peso de las Entidades representativas con objeto de abrir las Cajas a la sociedad civil, de forma que pue­dan estar representadas en ellas todo tipo de entidades de derecho privado, y disminuyendo el peso del sector público. Además, se de­fine la mayoría necesaria para asignar funciones ejecutivas al Presi­dente de la Entidad y se modifica la disposición transitoria quinta para mayor seguridad jurídica.

Por último, en las disposiciones transitorias, se hace referencia a la entrada en vigor de los nuevos requisitos y se regula la adaptación de los Estatutos y Reglamentos a las modificaciones introducidas por la presente Ley.

Capítulo I

Tributos

Artículo 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Uno. Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Esta­tuto de Autonomía, la escala autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será la siguiente:

Base liquidable Hasta euros    Cuota íntegra Euros    Resto base liquidable Hasta euros    Tipo aplicable Porcentaje    

0    0    17.707,20    7,94    

17.707,20    1.405,95    15.300,00    9,43    

33.007,20    2.848,74    20.400,00    12,66    

53.407,20    5.431,38    Resto    15,77    

Dicha tarifa resultará de aplicación mientras esté vigente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Dos. Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Esta­tuto de Autonomía, se establecen las siguientes deducciones en la cuota íntegra autonómica:

1.    Por nacimiento o adopción de hijos.

Los contribuyentes podrán deducir las siguientes cantidades por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo:

600 euros si se trata del primer hijo.

750 euros si se trata del segundo hijo.

900 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

En el caso de partos o adopciones múltiples las cuantías anterior­mente citadas se incrementarán en 600 euros por cada hijo.

Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que con­vivan con los hijos nacidos o adoptados. Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deduc­ción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.

Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos que convivan con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto, computándose a dichos efectos tanto los hi­jos naturales como los adoptivos.

2.    Por adopción internacional de niños.

En el supuesto de adopción internacional, los contribuyentes po­drán deducir 600 euros por cada hijo adoptado en el período impo­sitivo.

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a esta materia.

Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos regulada en el apartado Dos.l de este artículo.

Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y estos optasen por tributación individual, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

3.    Por acogimiento familiar de menores.

a)    Los contribuyentes podrán deducir, por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, admi­nistrativo o judicial, siempre que convivan con el menor durante más de ciento ochenta y tres días del período impositivo, las siguien­tes cantidades:

b)    600 euros si se trata del primer menor en régimen de acogi­miento familiar.

c)    750 euros si se trata del segundo menor en régimen de acogi­miento familiar.

d)    900 euros si se trata del tercer menor en régimen de acogi­miento familiar o sucesivo.

A efectos de determinación del número de orden del menor aco­gido solamente se computarán aquellos menores que hayan perma­necido en dicho régimen durante más de ciento ochenta y tres días del período impositivo. En ningún caso se computarán los menores que hayan sido adoptados durante dicho período impositivo por el contribuyente.

No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento fami­liar preadoptivo cuando se produjera la adopción del menor durante el período impositivo, sin perjuicio de la aplicación de la deducción establecida en el apartado Dos.l anterior.

En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios o uniones de hecho, el importe de la deducción se prorrateará por par­tes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tri­butación individual.

4.    Por acogimiento no remunerado de mayores de sesenta y cin­co años y/o discapacitados.

Los contribuyentes podrán deducir 900 euros por cada persona mayor de sesenta y cinco años o discapacitada con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contri­buyente durante más de ciento ochenta y tres días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la ob­tención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.

No se podrá practicar la presente deducción, en el supuesto de acogimiento de mayores de sesenta y cinco años, cuando el acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de consan­guinidad o de afinidad de grado igual o inferior al cuarto.

Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.

5.    Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de trein­ta y cinco años.

Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podían dedu­cir el 20 por 100, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. Solo se tendrá derecho a la deducción cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 10 por 100 de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente.

6.    Por donativos a fundaciones.

Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantida­des donadas a fundaciones que cumplan con los requisitos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Ma­drid, y persigan fines culturales, asistenciales, educativos o sanita­rios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a estos.

En todo caso, será preciso que estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y que este haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones.

7.    Deducción por el incremento de los costes de la financiación ajena para la inversión en vivienda habitual derivado del alza de los tipos de interés.

Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por inver­sión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley 35/2006. de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y so­bre el Patrimonio, cuando dicha inversión se efectúe con financia­ción ajena, podrán aplicar una deducción por el incremento de los costes financieros derivado de la variación de los tipos de interés.

Serán requisitos necesarios para la aplicación de esta deducción los siguientes:

1,° Que la inversión en vivienda habitual se realice mediante un préstamo hipotecario concertado con entidad financiera a tipo de in­terés variable.

2.° Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda o la ade­cuación de la vivienda para personas con discapacidad, para las que se haya solicitado el préstamo hipotecario, se haya efectuado antes del inicio del período impositivo.

La deducción a practicar será el resultado de aplicar el porcenta­je de deducción a la base de deducción determinados ambos en la forma señalada en este número.

El porcentaje de deducción vendrá determinado por el producto de multiplicar por 100 una fracción en la que, en el numerador, fi­gurará la diferencia entre el valor medio del índice Euribor a 1 año, en el año al que se refiere el ejercicio fiscal, y el mismo índice del año 2007, y en el denominador figurará el valor medio del índice Euribor a 1 año, en el año al que se refiere el ejercicio fiscal. Ambos índices serán los que resulten de los datos publicados por el Banco de España. El porcentaje así obtenido se expresará con dos deci­males.

No será aplicable esta deducción en el caso en que el porcentaje al que se refiere al párrafo anterior sea negativo.

La base de deducción se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.° Se determinará el importe total de los intereses satisfechos en el período impositivo por el contribuyente que den lugar a su vez a deducción por inversión en vivienda habitual y con el límite anual de 9.015 euros. A dicho importe se le detraerán las cantidades obtenidas de los instrumentos de cobertura del riesgo de variación del tipo de interés variable de préstamos hipotecarios a que se refieren los artículos 7.t) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impues­to sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, y 19 de la Ley 36/2003, de 11 noviembre, de Medidas de Reforma Económica.

2.º La cantidad anterior se multiplicará por el o los coeficientes que resulten de aplicación de los que a continuación se indican:

a)    Si el contribuyente tiene derecho a la compensación a que se refiere la letra c) de la Disposición Transitoria Decimoterce­ra de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so­bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcialde las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre laRenta de No Residentes y sobre el Patrimonio: 0,80 a los pri­meros 4.507 euros de intereses satisfechos y 0,85 al resto delos intereses satisfechos hasta el máximo de 9.015 euros.

b)    En el resto de supuestos: 0,85.

3.° La base de deducción se obtendrá de multiplicar 0,33 por el resultado obtenido en el punto anterior.

A los efectos de la presente deducción, se considerará vivienda habitual e inversión en la misma a las así definidas por la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

8.    Deducción por gastos educativos.

Los contribuyentes podrán deducir el 10 por 100 de los gastos educativos a que se refiere el párrafo siguiente originados durante el período impositivo por los hijos o descendientes por los que tengan derecho al mínimo por descendientes regulado en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y so­bre el Patrimonio.

La base de deducción estará constituida por las cantidades satisfe­chas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar de los hijos o descendientes durante las etapas de Educación Básica Obligatoria, a que se refieren los artículos 3.3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como por la enseñanza de idiomas tanto si esta se imparte como actividad extraescolar como si tiene el carácter de educación de régimen espe­cial. Dicha base de deducción se minorará en el importe de las becas y ayudas obtenidas de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración Pública que cubran todos o parte de los gastos citados.

La cantidad a deducir por este concepto no excederá de 500 euros por cada uno de los hijos o descendientes que generen el derecho a la deducción.

Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascen­dientes que convivan con sus hijos o descendientes escolarizados. Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascen­dientes el importe de la deducción se prorrateará por parles iguales en la declaración de cada uno de ellos, en caso de que optaran por tributación individual.

9.    Límites y requisitos formales aplicables a determinadas de­ducciones.

a)    Solo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones esta­blecidas en este apartado Dos, números 1, 3, 4, 5 y 7, aque­llos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a36.200 euros en tributación conjunta.

b)    Solo tendrán derecho a la aplicación de la deducción estable­cida en este apartado Dos, número 8, aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, junto con la corres­pondiente al resto de miembros de su unidad familiar, no su­pere la cantidad en euros correspondiente a multiplicar por10.000 el número de miembros de dicha unidad familiar.

c)    A efectos de la aplicación de la deducción contenida en el apartado Dos.6 anterior, la base de la misma no podrá exce­der del 10 por 100 de la base liquidable, entendiendo como tal la suma de la base liquidable general y la de ahorro del contribuyente.

d)    Las deducciones contempladas en este artículo requerirán justificación documental adecuada. Asimismo, y sin perjui­cio de lo anterior:

1.° Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es­tablecida en el apartado Dos.3 deberán estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo de la formalización del acogimiento, expedido por la Consejería competente en la materia.

2." Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es­tablecida en el apartado Dos.4 deberán disponer de un certificado, expedido por la Consejería competente en la materia, por el que se acredite que ni el contribuyente ni la persona acogida han recibido ayudas de la Comuni­dad de Madrid vinculadas con el acogimiento.

3.° La deducción establecida en el apartado Dos.5 de este artículo requerirá la acreditación del depósito de la fian­za correspondiente al alquiler en el Instituto de la Vi­vienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda­mientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de di­ciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid. A tales efectos, el contribuyente deberá obtener una co­pia del resguardo de depósito de la fianza.

4.° Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es­tablecida en el apartado Dos.8 deberán estar en posesión de los correspondientes justificantes acreditativos del pago de los conceptos objeto de deducción.

Artículo 2. Impuesto sobre el Patrimonio

Uno. Mínimo exento.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 28 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija:

Con carácter general en 112.000 euros.

En el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100,en 224.000 euros.

Dos. Bonificación general.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 33.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado, se aplicará, sobre la cuota re­sultante, una bonificación autonómica del 100 por 100 de dicha cuo­ta si esta es positiva.

No se aplicará esta bonificación si la cuota resultante fuese nula.

Artículo 3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Uno. Reducciones de la base imponible.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 20.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impues­to sobre Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros sobre la vida, la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible las siguientes reducciones, que sustituyen a las análogas del Estado re­guladas en el artículo 20.2 de la citada Ley:

1.    La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:

Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años, 16.000 euros, más 4.000 euros por cada año me­nos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 48.000 euros.

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiu­no o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 16.000 euros.

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer gra­do, ascendientes y descendientes por afinidad, 8.000 euros.

Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.

Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco con el causante, una reducción de 55.000 euros a las personas discapacitadas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; la reducción será de 153.000 euros para aquellas per­sonas que, con arreglo a la normativa antes citada, acrediten un gra­do de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

2.    Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción del 100 por 100 con un límite de 9.200 euros, a las cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará al grado de parentesco entre el asegurado falle­cido y el beneficiario.

La reducción será única por sujeto pasivo, cualquiera que fuese el número de contratos de seguros de vida de los que sea beneficiario. En el caso de que tenga derecho al régimen de bonificaciones y re­ducciones que establece la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el sujeto pasivo puede optar entre aplicar dicho régi­men o la reducción que se establece en este número.

Cuando se trate de seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo, así como en servicios prestados en misiones internacio­nales humanitarias o de paz de carácter público, será de aplicación lo previsto en el artículo 20.2.b) de la Ley 29/1987, de 18 de diciem­bre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3.    En los casos en los que en la base imponible de una adquisi­ción "mortis causa" que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto so­bre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible, con in­dependencia de las reducciones que procedan con arreglo a los nú­meros anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor neto, siempre que la adquisición se mantenga, durante los cinco años si­guientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo.

En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descen­dientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las adquisicio­nes por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 por 100.

Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 123.000 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de per­manencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones "mor­tis causa" de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendien­tes de aquel, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anterio­res al fallecimiento.

Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición "mortis causa" del cónyuge, descendientes o adoptados de la perso­na fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los del artículo 4, apartados 1, 2 y 3 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará asi­mismo una reducción del 95 por 100 de su valor con los mismos re­quisitos de permanencia señalados en el primer párrafo.

En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente número, el adquirente beneficiario de esta reduc­ción deberá declarar tal circunstancia a la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid y pagar la parte del impuesto que se hu­biese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practi­cada junto con los correspondientes intereses de demora dentro del plazo de treinta días hábiles desde que se produzca el hecho deter­minante del incumplimiento.

Dos. Otras reducciones de la base imponible de adquisiciones "mortis causa".

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) de la Ley 21/2001,de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y ad­ministrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autono­mía, cuando en la base imponible del impuesto se integren indemni­zaciones satisfechas por las Administraciones públicas a los herede­ros de los afectados por el síndrome tóxico, se practicará una reducción propia del 99 por 100 sobre los importes percibidos, cual­quiera que sea la fecha de devengo del impuesto. Asimismo, se apli­cará el mismo porcentaje de reducción y con el mismo carácter en las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los herederos.

No será de aplicación la reducción anterior cuando las in­demnizaciones percibidas estén sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tres. Tarifa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la tarifa prevista en el artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciem­bre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, será la siguiente:

Base liquidable Hasta euros    Cuota íntegra Euros    Resto base liquidable Hasta euros    Tipo aplicable Porcentaje    

0    0    8.313,20    7,65    

8.313,20    635,96    7.688,15    8,50    

16.001,35    1.289,45    8.000,66    9,35    

24.002,01    2.037,51    8.000,69    10,20    

32.002,70    2.853,58    8.000,66    11,05    

40.003,36    3.737,66    8.000,68    11,90    

48.004,04    4.689,74    8.000,67    12,75    

56.004,71    5.709,82    8.000,68    13,60    

64.005,39    6.797,92    8.000,66    14,45    

72.006,05    7.954,01    8.000,68    15,30    

80.006,73    9.178,12    39.940,85    16,15    

119.947,58    15.628,56    39.940,87    18,70    

159.888,45    23.097,51    79.881,71    21,25    

239.770,16    40.072,37    159.638,43    25,50    

399.408,59    80.780,17    399.408,61    29,75    

798.817,20    199.604,23    En adelante    34,00    

Cuatro. Cuota tributaria.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la cuota tributaria prevista en el artículo 22.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se ob­tendrá aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador en función de la cuantía del patrimonio preexistente y de los grupos de parentesco siguientes:

Patrimonio preexistente en euros     Grupos de artículo 20    

    Iy II    III    IV    

de 0 a 403.000    1    1,5882    2    

De más de 403.000 a 2.008.000    1,05    1,6676    2,1    

De más de 2.008.000 a 4.021.000    1,10    1,7471    2,2    

De más de 4.021.000    1,20    1,9059    2,4    

Cuando la diferencia entre la cuota tributaria obtenida por aplica­ción del coeficiente multiplicador que corresponda y la que resulta­ría de aplicar a la misma cuota íntegra el coeficiente multiplicador inmediato inferior sea mayor que la que exista entre el importe del patrimonio preexistente tenido en cuenta para la liquidación y el im­porte máximo del tramo del patrimonio preexistente que motivaría la aplicación del citado coeficiente multiplicador inferior, aquella se reducirá en el importe del exceso.

En los casos de seguros sobre la vida se aplicará el coeficiente que corresponda al patrimonio preexistente del beneficiario y al grupo en que por su parentesco con el contratante estuviese encuadrado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará al coeficiente que corresponda al patrimo­nio preexistente del beneficiario y al grado de parentesco entre este y el asegurado.

Si no fuesen conocidos los causahabientes en una sucesión se aplicará el coeficiente establecido para los colaterales de cuarto gra­do y extraños cuando el patrimonio preexistente exceda de 4.021.000 euros, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aque­llos fuesen conocidos.

Cinco. Bonificaciones.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.d) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se­rán aplicables las siguientes bonificaciones:

1.    Bonificación en adquisiciones "mortis causa".

Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im­puesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones "mor­tis causa" y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que in­tegren la porción hereditaria del beneficiario.

2.    Bonificación en adquisiciones "Ínter vivos".

En las adquisiciones "inter vivos", los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artícu­lo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto so­bre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de las mismas. Será requisi­to necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público.

Cuando la donación sea en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación solo resultará aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debi­damente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento público en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos.

Seis. Uniones de hecho.

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo se asi­milarán a cónyuges los miembros de uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

Artículo 4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Uno. Tipos de gravamen en la modalidad de Transmisiones Pa­trimoniales Onerosas.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati­vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno­mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 11.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto so­bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem­bre, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponi­ble los tipos de gravamen siguientes:

Con carácter general, en la transmisión de inmuebles así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recai­gan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará el tipo del 7 por 100.

Se aplicará el tipo impositivo reducido del 4 por 100 a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habi­tual de una familia numerosa, siempre que se cumplan simultánea­mente los siguientes requisitos:

a)    Que el sujeto pasivo sea titular de una familia numerosa.

b)    Que el inmueble constituya la vivienda habitual de la familia numerosa de la que sea titular el sujeto pasivo. Se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la defini­ción y requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c)    Que, en el supuesto de que la anterior vivienda habitual fuera propiedad de alguno de los titulares de la familia numerosa, esta se venda en el plazo de dos años anteriores o posterior esa la adquisición de la nueva vivienda habitual. No será exigible este requisito cuando se adquiera un inmueble contiguo ala vivienda habitual para unirlo a esta, formando una única vivienda de mayor superficie.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, el concepto de fa­milia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de no­viembre, de Protección a las Familias Numerosas. La acreditación de la condición legal de familia numerosa se realizará mediante la presentación del título de familia numerosa, Libro de Familia u otro documento que pruebe que dicha condición ya concurría en la fecha del devengo.

Dos. Tipos de gravamen en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.

Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de di­ciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem­bre, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponi­ble los tipos de gravamen siguientes:

1. Primeras copias de escrituras y actas notariales que docu­menten transmisiones de viviendas cuando el adquirente sea perso­na física:

a)    Se aplicará el tipo 0,2 por 100 cuando se transmitan viviendas de protección pública reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, con una superficie útil máxima de 90 metros cua­drados, que no cumplan los requisitos para gozar de la exen­ción en esta modalidad del impuesto. Cuando el adquirente de la vivienda de protección pública sea un titular de familia numerosa, se aplicará el límite máxi­mo incrementado de superficie construida que resulte de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protec­ción a las Familias Numerosas y en sus normas de desarrollo.

b)    Se aplicará el tipo 0,4 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 120.000 euros.

c)    Se aplicará el tipo 0,5 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 180.000 euros y superiora 120.000 euros.

d)    Se aplicará el tipo 1 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000 euros.

En la determinación del valor real de la vivienda transmitida se incluirán los anejos y plazas de garaje que se transmitan conjunta­mente con aquella, aun cuando constituyan fincas regístrales inde­pendientes.

2) Primeras copias de escrituras y actas notariales que docu­menten la constitución de hipoteca en garantía de préstamos para la adquisición de vivienda cuando el prestatario sea persona física:

a)    Se aplicará el tipo 0,4 por 100 cuando el valor real del dere­cho que se constituya sea igual o inferior a 120.000 euros.

b)    Se aplicará el tipo 0,5 por 100 cuando el valor real del dere­cho que se constituya sea igual o inferior a 180.000 euros y superior a 120.000 euros.

c)    Se aplicará el tipo 1 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea superior a 180.000 euros.

A los efectos de las letras a), b) y c) anteriores se determinará el va­lor real del derecho que se constituya de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro­bado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Cuando de la aplicación de los tipos de gravamen regulados en los números 1 y 2 anteriores resulte que a un incremento de la base imponible corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento, se reducirá la cuota resultante en la cuantía del exceso.

En las primeras copias de escrituras y actas notariales que do­cumenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención contenida en el artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicará el tipo de gravamen del 1,5 por 100.

En las primeras copias de escrituras y actas notariales que do­cumenten la constitución y modificación de derechos reales de ga­rantía a favor de sociedades de garantía recíproca con domicilio fis­cal en el territorio de la Comunidad de Madrid se aplicará el tipo 0,1por 100.

Este tipo de gravamen será también aplicable a la alteración registral mediante posposición, igualación, permuta o reserva de rango hipotecarios cuando participen estas sociedades de garantía recí­proca.

6.    En las primeras copias de escrituras y actas notariales que do­cumenten actos o contratos distintos de los regulados en los núme­ros anteriores, se aplicará el tipo de gravamen del 1 por 100.

Capítulo II

Hacienda y contratación pública

Artículo 7. Modificación parcial de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se suprimen letras j) y k) del artículo 49, pasando el con­tenido de las actuales 1) y m) a ser j) y k).

Dos. El último párrafo del apartado 3 del artículo 55, queda re­dactado de la siguiente forma.

"En los supuestos anteriores será necesario informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico, salvo en el caso de que la ejecución del gasto se realice únicamente en la anualidad siguiente a la de adquisición del compromiso y por la Ofi­cina Presupuestaria correspondiente se certifique que existe crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Gene­rales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio siguiente."

Tres. Se adiciona un último párrafo al apartado 4 del artículo 55 con el siguiente tenor literal:

"En los supuestos de exención de informe a que se refiere el últi­mo párrafo del apartado 3 de este artículo, el gasto computará a efec­tos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes si bien la superación de los mismos por estos expedientes no precisará la autorización de Consejo de Gobierno."

Cuatro. La letra e) del apartado 1 del artículo 69, se redacta en los siguientes términos:

"e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte me­diante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y en los que el número de anualidades supere cuatro años."

Cinco. El apartado 4 del artículo 69, queda redactado de la for­ma siguiente:

"4. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en los aparta­dos anteriores, la competencia para realizar los actos y operaciones de autorización y disposición del gasto, respecto de los contratos para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios no homo­logados de gestión centralizada, corresponderá al órgano centralizador, salvo la autorización cuando esté reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el aparta­do 1 de este artículo. Los actos y operaciones de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago corresponderán a cada uno de los centros o unidades afectados por el expediente de contratación."

Seis. Se modifica la denominación del Capítulo II del Título II, que pasa a titularse "Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos."

Siete. El artículo 79 queda redactado con el siguiente tenor literal: "Artículo 79.

Las Empresas y Entes Públicos a que se refieren los artícu­los 5 y 6 de esta Ley cuya normativa específica no confiera carácter limitativo a sus estados de gastos, elaborarán anualmente un presu­puesto de explotación y un presupuesto de capital en la forma y con el contenido que determine la Orden referida en el artículo 48 de la presente Ley.

Los presupuestos de explotación y de capital estarán consti­tuidos por una previsión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Flujos de Efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará la conversión a presu­puesto administrativo de los mismos, una previsión del Balance de la entidad, una memoria explicativa del contenido de dichos presu­puestos así como la documentación complementaria que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

Las Empresas y Entes Públicos remitirán los estados finan­cieros señalados en el apartado anterior referidos, además de a la previsión para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Ge­nerales de la Comunidad de Madrid, a la liquidación del último ejer­cicio cerrado y a la estimación de la liquidación del ejercicio co­rriente.

Junto con los presupuestos de explotación y capital se remitirá por las Empresas y Entes Públicos una memoria de la evaluación eco­nómica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejer­cicio así como la expresión de los objetivos a alcanzar en el mismo.

Si las Empresas y Entes Públicos perciben transferencias u otras aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los Presu­puestos Generales de la Comunidad de Madrid, las variaciones en sus presupuestos de explotación y capital que no afecten a las trans­ferencias o aportaciones serán autorizadas por el Consejero compe­tente en materia de Hacienda cuando su importe no exceda del 5por 100 del respectivo presupuesto, y por el Consejo de Gobierno en los demás casos.

Los Organismos Autónomos mercantiles solo podrán incre­mentar la cifra total que dediquen a la financiación de cada Empre­sa en que participen un 5 por 100. En los demás casos se requerirá autorización del Consejo de Gobierno.

Las Empresas y Entes Públicos que deban elaborar los presu­puestos de explotación y capital regulados en el presente artículo, formularán, asimismo, anualmente un Plan Estratégico empresarial para un período mínimo de cuatro años."

Ocho. El artículo 80 tendrá el siguiente contenido: "Artículo 80.

Las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad, dictadas para cada ejercicio por el Consejero de Econo­mía y Hacienda, fijarán el plazo límite para que las Empresas y En­tes Públicos remitan, a través de la Consejería correspondiente, la documentación a que se refiere el artículo 79 de la presente Ley."

Nueve. La letra a) del apartado 3 del artículo 83 queda redacta­da de la siguiente forma:

"a) Intervenir la liquidación de los presupuestos a que se refiere el artículo 79.1 de esta Ley."

Artículo 8. Modificación parcial de la Ley .1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid

Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 64 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que queda redactada de la siguiente forma:

"d) Cuando se concierte el pago mediante los sistemas de arren­damiento financiero o de arrendamiento con opción de com­pra y el número de anualidades supere cuatro años."

Artículo 9. Modificación parcial de la Ley 111984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Insti­tucional de la Comunidad de Madrid.

Uno. La letra d) del apartado 2 del artículo 20 tendrá el si­guiente tenor literal:

"d) Cuando se concierte el pago mediante los sistemas de arren­damiento financiero o de arrendamiento con opción de com­pra y el número de anualidades supere cuatro años."

Dos. El artículo 59 queda redactado de la siguiente forma: "Artículo 59.

Las Empresas Públicas elaborarán presupuestos de explotación y capital y formularán, asimismo, un Plan Estratégico empresarial con­forme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 9/1990, de 8 de no­viembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid."

Tres. El artículo 63 se redacta con el siguiente tenor literal:

"1. El control parlamentario sobre las Empresas Públicas se ejercerá en los términos previstos por el Reglamento de la Asam­blea, a cuyo efecto las Empresas Públicas remitirán, a través de la Consejería de la que dependan, en el segundo semestre de cada año, un informe comprensivo de los objetivos económicos y sociales a al­canzar por la Empresa el año siguiente, así como un informe-resu­men del Plan Estratégico y de los presupuestos de explotación y ca­pital de la misma.

2. Igualmente la Consejería de la que dependan remitirá a la Asamblea, dentro del primer mes del período ordinario de sesiones posterior al 5 de julio de cada año, las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como previsión de dichas cuentas para el ejercicio co­rriente, adjuntando a las mismas un análisis comparativo de los re­sultados obtenidos con los objetivos propuestos, con expresión de los datos indicadores de eficiencia económica y financiera, y el gra­do de cumplimiento de la política señalada en la Empresa Pública de que se trate."

Capítulo III

Recursos humanos

Artículo 10. Modificación parcial de la Ley 111986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid

Se añade un último párrafo a la letra c) del artículo 74 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid, con el siguiente tenor literal:

"En todo caso, reglamentariamente se adoptarán las reglas que procedan para poder efectuar, en su caso, las correspondientes de­ducciones en el complemento de productividad que le corresponda percibir al funcionario conforme a los criterios objetivos que se ha­yan determinado como consecuencia de sus ausencias reiteradas al trabajo."

Artículo 11. Modificación parcial de la Ley 411989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad de Madrid

Se adiciona un último párrafo a la disposición transitoria segunda de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la Comunidad de Madrid, con el contenido siguiente:

"A efectos de lo dispuesto en el presente precepto se computarán todos aquellos períodos anuales en los que el funcionario no se haya ausentado del trabajo en un porcentaje superior al 20 por 100 de las ¡ornadas previstas según el calendario laboral. Se considerará como ausencia al trabajo, en estos casos, la no asistencia por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o el disfrute de licen­cias sin sueldo."

Artículo 12. Personal estatutario fijo

El personal estatutario fijo que acepte la oferta de cambio de régimen jurídico por pasar a prestar servicios en instituciones sani­tarias creadas al amparo de nuevas fórmulas de gestión promovidas por la Consejería de Sanidad, incluidos los centros sanitarios con concesión administrativa, quedará en la situación de servicios bajo otro régimen jurídico prevista en el artículo 65 de la Ley 55/2003,de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

En cualquier momento y con anterioridad a la fecha de cum­plimiento de la edad de jubilación, este personal podrá reincorporar­se al servicio activo como personal estatutario en plaza de la misma categoría en el Servicio Madrileño de Salud.

El tiempo de permanencia del personal estatutario en situa­ción de servicios bajo otro régimen jurídico será computado a efec­tos de antigüedad y de carrera profesional.

Artículo 13. Modificación parcial de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Se modifica el artículo 11 de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 11. Compatibilidad de servicios de carácter asistencial en el sector público socio sanitario por razones de interés pú­blico.

El personal sanitario dependiente de la Consejería competen­te en materia de sanidad y de sus organismos autónomos, empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid, así como el personal sanitario dependiente de la Consejería competen­te en materia de asuntos sociales que presta sus servicios en los cen­tros adscritos a la Dirección General de Servicios Sociales y a los organismos Autónomos Servicio Regional de Bienestar Social instituto Madrileño del Menor y la Familia, dependientes de la mis­ma, podrá compatibilizar un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si asilo exigiera el interés del propio servicio público.

Se declara de interés público, a efectos de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público socio sanitario de la Comuni­dad de Madrid, la prestación de servicios de carácter asistencial en los centros sanitarios públicos de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112, así como en los Centros Base de Atención a Perso­nas con Discapacidad, adscritos a la Dirección General de Servicios Sociales, en las Residencias de Mayores y Centros de Discapacita­dos adscritos al Organismo Autónomo Servicio Regional de Bienes­tar Social y en las Residencias Infantiles y Centros de Acogida del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

En consecuencia, se podrá conceder autorización de compa­tibilidad, en razón de interés público, para el ejercicio de una segun­da actividad de carácter asistencial en el sector público socio sanita­rio de la Comunidad de Madrid en los ámbitos delimitados en el apartado 2 de este artículo. Esta autorización no supondrá modifica­ción de jornada de trabajo y horario en ninguno de los dos puestos de trabajo compatibilizados y se condiciona a su estricto cumpli­miento en ambos.

Lo dispuesto en este artículo se entiende en el marco de lo dis­puesto en la normativa laboral y de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas."

Artículo 14. Modificación parcial de la Ley 1411995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 7 del artículo 2 queda redactado en los si­guientes términos:

"7. A los Gerentes, Presidentes Ejecutivos, Directores Genera­les, Consejeros-Delegados y demás cargos equivalentes, cualquiera que sea su denominación, de los Órganos de Gestión, Organismos Autónomos y entidades públicas, salvo a los Gerentes o asimilados de los Hospitales creados bajo la forma de Entidad de Derecho Pú­blico que no tendrán la consideración de Alto Cargo."

Dos. Se adiciona un apartado 9 al artículo 2, con el siguiente te­nor literal:

"9. A los Presidentes y Consejeros-Delegados de las sociedades mercantiles con participación mayoritaria en su capital social de la Comunidad de Madrid. No tendrán la consideración de Alto Cargo los Gerentes y demás cargos equivalentes, cualquiera que sea su de­nominación, de dichas sociedades mercantiles."

Tres. Se añade una nueva disposición adicional segunda, pasan­do a renumerarse las siguientes, con el siguiente contenido:

"Disposición adicional segunda.

Los Gerentes o asimilados de los Hospitales creados bajo la forma de Entidad de Derecho Público, así como los Directores Ge­rentes de Atención Especializada y los de Atención Primaria, que­darán sometidos al régimen de incompatibilidades del personal alservicio de las Administraciones Públicas, si bien se les asimila en su rango administrativo a los Altos Cargos a los efectos de su decla­ración en situación administrativa de servicios especiales.

Los Gerentes de sociedades mercantiles y demás cargos equi­valentes, cualquiera que sea su denominación, estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de la presente Ley, quedando asimi­lados en su rango administrativo a los Altos Cargos a los efectos de su declaración en situación administrativa de servicios especiales."

Capítulo IV

Organismos públicos

Artículo 15. Modificación parcial de la Ley 712005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administra­tivas.

Uno. El número 5 del apartado Uno del artículo 10 queda redac­tado en los siguientes términos:

"5. La Agencia quedará adscrita a la Consejería que determine el Consejo de Gobierno mediante Decreto."

Dos. La letra g) del apartado Tres del artículo 10 se redacta de la siguiente forma:

"g) La adopción de tipos en el ámbito de la Comunidad de Ma­drid y en relación con el ámbito de actuación y competencias de la Agencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público."

Tres. El primer párrafo del número 1 del apartado Seis del ar­tículo 10 se redacta de la siguiente forma:

"1. El Consejo de Administración de la Agencia estará com­puesto por el Presidente del Consejo, el Vicepresidente, que será el

Secretario General Técnico de la Consejería de adscripción, y por los siguientes vocales:"

Cuatro. El primer párrafo del apartado Siete del artículo 10 que­da redactado en los siguientes términos:

"El Presidente del Consejo de Administración será el titular de la consejería de adscripción, quien velará por la consecución efectiva de los objetivos y fines asignados a la Agencia y ostentará su repre­sentación. Además, le corresponden las siguientes funciones:"

Artículo 16. Capitalización del Canal de Isabel II

Uno. El Canal de Isabel II podrá constituir una sociedad anóni­ma que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de di­ciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, y la restante normativa aplicable.

Dos.

1.    Forman parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid los bienes que integran la Red General de la Comunidad de Madrid, de­finida en la disposición adicional quinta de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

Dichos bienes tienen la consideración de demaniales por estar afectos a los servicios públicos que viene prestando el Canal de Isa­bel II, de conformidad con la citada Ley 17/1984, de 20 de diciem­bre, y la restante normativa aplicable.

2.    El Canal de Isabel II mantendrá la titularidad y el ejercicio del as potestades, y cuantos derechos y obligaciones se deriven de:

Las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, relacionadas con los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, otorgadas y que se otorguen en el futuro de acuerdo con la legislación aplicable.

Las potestades administrativas que corresponden a la Comu­nidad de Madrid en materia de aducción y depuración del agua, incluida la potestad sancionadora.

Los servicios de abastecimiento y saneamiento que presta en virtud de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, y de la restan­te legislación que le es de aplicación.

Las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le hayan sido encomendadas por la Comunidad de Madrid, con base en los convenios formalizados con las Entidades lo­cales, de conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 17/1984,de 20 de diciembre, para la asunción de las funciones que co­rresponden a las mismas.

Las restantes funciones relacionadas con los servicios hidráu­licos que le sean encomendadas por la Comunidad de Madrid.

3.    La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II adscribirán, a la sociedad referida en el apartado Uno de este artículo, los bienes de dominio público que integran la Red General de la Comunidad de Madrid, en la medida en que sea necesario para el ejercicio de las ac­tividades que le sean encomendadas conforme a lo previsto en esta Ley. El Canal de Isabel II aportará la titularidad de los bienes patri­moniales no integrados en dicha Red y la titularidad de las acciones participaciones en sociedades de carácter mercantil que, actual­mente, corresponden al mismo.

La adscripción no supondrá la transferencia de la titularidad de los bienes, correspondiéndole a la sociedad, únicamente, las facul­tades de administración, conservación y mantenimiento que requie­ra la correcta utilización de los mismos. La vigilancia, protección ju­rídica y defensa de los bienes de dominio público, que sean objeto de adscripción, corresponderá a los titulares de los mismos.

La adscripción de los bienes de dominio público que integran la Red General de la Comunidad de Madrid a la sociedad se acordará por la Consejería de Economía y Hacienda debiendo recogerse en el acuerdo, expresamente, los fines a los que deban destinarse.

4.    La constitución de la sociedad será autorizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que también se aprobarán:

a) El contrato-programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad mediante el cual se establecerán las condiciones en las que la sociedad podrá prestar servicios incluidos en su objeto social, y en lodo caso, la explotación, operación, mantenimiento y Conservación de la Red General de la Comunidad de Madrid.

El inventario de los bienes y derechos que sean objeto de aportación.

La valoración económica del contrato-programa y de los bie­nes del inventario, previo cumplimiento de lo previsto en la legislación aplicable.

5. Todo el personal del Canal de Isabel II necesario para la pres­tación de los servicios que se encomienden a la nueva sociedad se integrará en esta, manteniendo las mismas condiciones laborales existentes en el momento de la integración.

Tres. Una vez constituida la sociedad a que se refieren los apar­tados anteriores y previa autorización por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el Canal de Isabel II abrirá a los ciudadanos e inversores interesados, la participación en el capital social de la sociedad, me­diante la enajenación de hasta un máximo del 49 por 100 del mismo, a través de un procedimiento público de venta que garantice, en todo caso, el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, publi­cidad, transparencia, objetividad y concurrencia, y de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable.

Artículo 17. Modificación parcial de la Ley 1711984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

"1. Es objeto de la presente Ley la regulación del abastecimien­to de agua, del saneamiento y de la reutilización de agua en el ám­bito de la Comunidad de Madrid."

Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 1, con la siguiente re­dacción:

"4. La reutilización de agua comprende el tratamiento del agua depurada, el transporte, el almacenamiento de agua reutilizada, y la distribución de la misma mediante la elevación por grupos de pre­sión y reparto por tuberías, válvulas y aparatos hasta los usuarios fi­nales."

Tres. Se modifican los apartados 1, 2.a) y 4 del artículo 2, que quedan redactados de la siguiente forma:

"1. Los servicios de aducción, depuración y reutilización son de interés de la Comunidad de Madrid."

"2. Corresponde a la Comunidad de Madrid:

a) La regulación de estos servicios, sin perjuicio de las compe­tencias del Estado y de las Entidades Locales."

"4. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y en relación con los servicios de aducción, depuración y reutiliza­ción, podrán ejercer las siguientes iniciativas:

a)    Redacción y aprobación inicial y provisional de planes y pro­yectos, cuya aprobación definitiva corresponderá a la Comu­nidad de Madrid.

b)    Ejecución de las obras correspondientes.

c)    Prestación de servicios, mediante cualquiera de las fórmulas previstas por la legislación vigente.

d)    Propuesta de modificación de tarifas."

Cuatro. El apartado 1 del artículo 6 se redacta de la siguiente forma:

"1. La explotación de los servicios de aducción, depuración y reutilización promovidos directamente o encomendados a la Comu­nidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid."

Cinco. Se añade una disposición adicional quinta cuya redac­ción será la siguiente:

"Disposición adicional quinta.

La Red General de la Comunidad de Madrid está integrada por los bienes de titularidad de esta, del Canal de Isabel II o de cualquiera de los Entes y Organismos que forman parte de la Administración Institucional de la misma, y que conforman los sistemas integrales de abastecimiento, saneamiento y reutilización, afectos a la prestación por el Canal de Isabel II, de conformidad con la legislación aplicable, de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutili­zación de agua en la Comunidad de Madrid. Dichos sistemas inte­grales son:

Sistema integral de abastecimiento, que está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de abastecimiento de agua que comprendan alguno de los elementos siguientes: captaciones de aguas superficiales mediante obras de regula­ción y/o derivación de cursos fluviales, obras de intercone­xión de subcuencas fluviales, captaciones de aguas subterrá­neas, conducciones de transporte de aguas brutas, estaciones de tratamiento para producción de agua de consumo humano(ETAP), redes de transporte y depósitos de regulación y dis­tribución de agua potable, red de abastecimiento urbano en el área de Madrid-Capital, redes de abastecimiento urbano afec­tadas conforme al artículo 5.3 de la presente Ley, instalacio­nes complementarias para la elevación e impulsión de aguas, instalaciones complementarias para la preservación de la ca­lidad del agua en red, instalaciones complementarias de con­trol de calidad del agua de abastecimiento e instalaciones complementarias de telecontrol y telemando del Sistema In­tegral de Abastecimiento, así como cualquier otro elemento cuyo objetivo sea recoger, transportar, tratar y distribuir las aguas brutas destinadas al abastecimiento de la población.

Sistema integral de saneamiento, que está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de saneamiento de agua que comprendan alguno de los elementos siguientes: redes de drenaje urbano de aguas pluviales y de colección de aguas re­siduales, conducciones de transporte de aguas residuales y/pluviales brutas, depósitos de laminación de caudales de aguas de tormenta, estaciones depuradoras de aguas residua­les urbanas (EDAR), instalaciones complementarias para la elevación e impulsión de aguas residuales, instalaciones complementarias para alivios de caudales excedentes en tiempo lluvioso, instalaciones complementarias de telecon­trol y telemando del Sistema Integral de Saneamiento, así como cualquier otro elemento cuyo objetivo sea recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los cauces públicos en condiciones compatibles con el man­tenimiento del medio ambiente, particularmente en lo que se refiere al recurso hídrico.

Sistema integral de reutilización, que está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de reutilización de agua que comprendan alguno de los elementos siguientes: conduc­ciones de transporte de aguas residuales depuradas, estacio­nes de tratamiento de aguas depuradas para la obtención de agua regenerada (ERAD), redes de transporte y depósitos de regulación y distribución de agua regenerada, redes de distri­bución urbana de agua regenerada, instalaciones complemen­tarias para la elevación e impulsión de agua regenerada, insta­laciones complementarias para la preservación de la calidad del agua regenerada, instalaciones complementarias de con­trol de calidad del agua regenerada, instalaciones comple­mentarias de telecontrol y telemando del Sistema Integral de reutilización, así como cualquier otro elemento cuyo objeti­vo sea producir, tratar, transportar y distribuir las aguas rege­neradas."

Capítulo V

Cooperación local

Artículo 18. Modificación parcial de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comu­nidad de Madrid.

Uno. La letra e) del artículo 127 quedará redactada de la si­guiente forma:

"e) Gestión sustitutoria de servicios y asistencia a los municipios de la Comunidad de Madrid para la restitución de servicios públicos municipales afectados por daños ocasionados por causas imprevistas."

Dos. El apartado 2 del artículo 128 queda redactado en los si­guientes términos:

"2. El Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid es el instrumento básico de cooperación económica a los gastos ne­cesarios para la realización de obras y servicios de competencia lo­cal y para la consecución de los objetivos previstos en el apartado anterior."

Tres. El artículo 133 queda redactado de la siguiente forma:

"Mediante Decreto del Gobierno de Madrid, se regula el Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid, destinado a sufragar gastos corrientes de los Ayuntamientos, nece­sarios para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales."

Artículo 19. Modificación parcial de la Ley 411992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid

Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, con el siguiente contenido:

"Disposición adicional tercera. Las Brigadas Especiales de Se­guridad de la Comunidad de Madrid.

Primero. Determinación y dotación de los medios materiales y personales de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comuni­dad de Madrid.

La Comunidad de Madrid determinará anualmente las dota­ciones correspondientes a cada Ayuntamiento atendiendo a las ne­cesidades del municipio.

Mediante Orden de la Consejería competente en materia de interior se determinará anualmente la dotación de dichos medios, previo análisis de las necesidades de cada municipio.

Segundo. Sistema de financiación.

La parte de financiación que la Comunidad de Madrid aporta para la dotación de medios personales y materiales de las Brigadas Espe­ciales de Seguridad se realizará con cargo a los créditos consignados en sus presupuestos y, en su caso, con el límite señalado en la Ley de Presupuestos."

Capítulo VI

Medio ambiente y ordenación del territorio

Artículo 20. Modificación parcial de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

Se suprimen los epígrafes 25 y 26 del anexo quinto de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu­nidad de Madrid.

Artículo 21. Modificación parcial de la Ley 912001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se introduce una letra c) en el artículo 25, con la siguiente redacción:

"c) Las instalaciones de carácter deportivo que podrán conceder­se mediante licencia municipal."

Dos. El número 3.° de la letra a) del apartado 1 del artículo 27 queda redactado de la siguiente forma:

"3.° Instalaciones recreativas, de ocio y esparcimiento."

Capítulo VII

Actividad administrativa y económica

Artículo 22. Modificación parcial de la Ley 111999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo en la Comunidad de Madrid

Se modifica el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo en la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes términos:

"3. En los procedimientos de concesión de autorización, títulos-licencias y habilitación, una vez transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado la resolución, se entenderá que la solicitud ha sido concedida."

Artículo 23. Modificación parcial de la Ley 2111998, de 30 de noviembre, de Ordenación, Protección y Promoción de la Artesanía en la Comunidad de Madrid.

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación, Protección y Pro­moción de la Artesanía en la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado de la si­guiente forma:

"3. Ambos tipos de documentos serán requisitos indispensables al objeto de hacer uso de los distintivos expedidos por la Comuni­dad de Madrid que acrediten la autenticidad del carácter artesanal de la producción, si bien los titulares de cada uno de los mencionados documentos podrán ser objeto de tratamiento diferenciado, previo informe del Consejo Madrileño para la Promoción de la Artesanía, que se crea y regula en la presente Ley."

Dos. Se suprime el contenido del apartado 4 del artículo 8.

Artículo 24. Modificación parcial de la Ley 1511997, de 25 de junio, de Ordenación de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid

Se modifica el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 15/1997, de 25 de junio, de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes términos:

"2. Para poder acogerse a estas ayudas, las actividades feriales deberán cumplir los requisitos exigidos en la presente Ley y en las disposiciones específicas que la desarrollen."

Artículo 25. Modificación parcial de la Ley 1611999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid

Se suprime el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, pasando el contenido del apartado 3 a ser 2.

Artículo 26. Modificación parcial de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

"1. El ejercicio de las actividades incluidas en el ámbito de apli­cación de esta Ley requerirá autorización administrativa previa, a excepción de la explotación e instalación de máquinas recreativas, que únicamente deberá ser comunicada a la Consejería competente en materia de juego en los términos que reglamentariamente se es­tablezca."

Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: "Artículo 6. Requisitos de los juegos y material de juego.

1. Los juegos y apuestas permitidos solo se podrán practicar con los requisitos y condiciones y en los establecimientos señalados en esta Ley y en los reglamentos específicos que la desarrollen. En dichos establecimientos únicamente se podrán realizar aquellos jue­gos para cuyo ejercicio hayan sido específicamente autorizados.

La práctica de los juegos y apuestas, a excepción de los desa­rrollados mediante máquinas recreativas, solo podrá efectuarse con material de juego homologado por la Consejería competente en la materia y previamente inscrito en el Registro del Juego de la Comu­nidad de Madrid. Su comercialización, distribución y mantenimien­to se hará conforme a lo dispuesto en el correspondiente reglamen­to específico.

No se podrá homologar ningún material de juego que utilice imágenes, mensajes u objetos que puedan perjudicar la formación de la infancia y la juventud, que puedan vulnerar, directa o indirecta­mente, la dignidad de la persona y los derechos y libertades funda­mentales, o que inciten a la violencia, al racismo o a la xenofobia, actividades delictivas o a cualquier forma de discriminación prohi­bida por la Constitución y las leyes. Estas prohibiciones serán extensibles también a los juegos desarrollados mediante máquinas recrea­tivas.

El material no homologado que sea utilizado en la práctica de juegos y apuestas se considerará material clandestino, quedando prohibida su fabricación, tenencia, almacenamiento, distribución y comercialización, así como su instalación y explotación."

Tres. El artículo 17 tendrá el siguiente tenor literal:

"Artículo 17. Del ejercicio empresarial de actividades relacio­nadas con el juego.

El ejercicio empresarial de toda actividad relacionada con la organización y explotación de juegos y apuestas, así como con la fa­bricación, reparación, intermediación en el comercio o explotación de material de juego está sujeto a previa inscripción en el Regis­tro del Juego de la Comunidad de Madrid, a excepción de la explo­tación de máquinas y salones recreativos y del ejercicio de las de­más actividades relacionadas con dichas máquinas.

Dicho Registro constituye el instrumento oficial de publici­dad y control de las actividades vinculadas a la organización y ex­plotación de juegos y apuestas con el objeto de garantizar el cumpli­miento de las obligaciones correspondientes al ejercicio de aquellas actividades y asegurar su transparencia.

Queda prohibido el ejercicio empresarial de actividades rela­cionadas con juegos y apuestas que no cuente con inscripción pre­via en el Registro del Juego o que se desarrolle sin autorización ad­ministrativa previa o al margen de los requisitos y condiciones establecidos reglamentariamente, con las excepciones previstas en la presente Ley."

Cuatro. El artículo 22 se redacta en los siguientes términos:

"Artículo 22. Empresas titulares de Salones.

La explotación de Salones Recreativos y de Salones de Juego se podrá realizar por personas físicas o jurídicas en los términos que re­glamentariamente se establezca."

Artículo 27. Modificación parcial de la Ley 311991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado en los si­guientes términos:

"1. La programación y realización de las obras de carreteras e infraestructura viaria podrá incluirse en un Plan de Carreteras, que constituirá el instrumento jurídico de la política sectorial.

A estos efectos, el Plan deberá contener las previsiones, objetivos y prioridades de actuación en las vías integradas en las redes de la Comunidad y de las infraestructuras complementarias, en su caso.

Una vez aprobado el Plan de Carreteras y durante la vigencia del mismo, para la construcción de nuevas carreteras o duplicaciones de calzada no previstas en el Plan, será necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno."

Dos. El apartado 2 del artículo 11 queda redactado en los si­guientes términos:

"2. El Plan tendrá una vigencia plurianual, debiendo revisarse cuando se cumplan las circunstancias previstas en él o cuando se aprueben por el Consejo de Gobierno las Directrices de Ordenación Territorial o los Programas Coordinados de Actuación, en los térmi­nos previstos en el artículo anterior."

Artículo 28. Modificación parcial de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se modifica el artículo 29 que queda redactado en los si­guientes términos:

"Artículo 29. Consejeros elegidos por el sector de Corporacio­nes Municipales.

La elección de Consejeros Generales en representación del sector de Corporaciones se efectuará con criterios de territorialidad mediante la delimitación de dos circunscripciones electorales com­prensivas, la primera, de la Comunidad de Madrid, y la segunda, del resto de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto­nomía donde las Cajas de Ahorros tengan oficina abierta.

El número de Consejeros Generales de este sector que corres­ponda a cada circunscripción electoral se distribuirá multiplicando el número de Consejeros del sector por el cociente que resulte de di­vidir los depósitos ponderados en cada circunscripción electoral por la suma de los depósitos ponderados de la Caja. A los efectos de la determinación de la cifra de depósitos ponderados en cada circuns­cripción se multiplicarán los depósitos por la ratio depósitos por ha­bitante y se dividirá por la totalidad de los depósitos ponderados de la Caja. Se considerará como número de habitantes, la suma del nú­mero de habitantes de los municipios, en cada caso, en los que la Caja tiene abierta oficina. Del resultado del cálculo anterior, se asig­nará a cada circunscripción un número de Consejeros igual a la par­te entera y se asignará uno más, en función de la parte decimal, or­denadas de mayor a menor, y hasta completar el número de Consejeros del sector.

La distribución de los Consejeros Generales de este sector entre las diferentes Corporaciones Municipales de cada circunscrip­ción electoral en cuyo término tengan abiertas oficinas las Cajas, se distribuirá multiplicando el número de Consejeros que correspon­dan a cada circunscripción, según la distribución del apartado 2 de este artículo, por la cifra de los depósitos ponderados en cada Cor­poración y dividiendo por la totalidad de la cifra de depósitos pon­derados en cada circunscripción. A los efectos de la determinación de la cifra de depósitos ponderados se multiplicarán los depósitos por la ratio de depósitos por oficina. Con el resultado del cálculo an­terior se asignará a cada Corporación un número igual a la parte en­tera y se irán asignando, uno más, en función de la parte decimal, or­denadas de mayor a menor, hasta completar el número total de consejeros a asignar en cada circunscripción electoral.

No podrá corresponder a ninguna corporación local más del 30 por 100 de los Consejeros Generales integrados en este sector.

La designación de los Consejeros Generales elegidos por las corporaciones Municipales se realizará directamente por ellas y deforma proporcional a la importancia numérica de los grupos políti­cos integrantes de la Corporación. En el supuesto que a una Corpo­ración Municipal le corresponda un solo Consejero General, resul­tará elegido el que obtenga la mayoría de los votos del Pleno.

Las Corporaciones Municipales que sean fundadoras de Ca­jas de Ahorros que operen total o parcialmente en el mismo ámbito de actuación que otra Caja no podrán nombrar representantes en esta última."

Dos. El artículo 30 quedará redactado en los siguientes términos: "Artículo 30. Consejeros elegidos por el sector Impositores.

Los Consejeros Generales del sector impositores se elegirán por el sistema de compromisarios teniendo en cuenta criterios de te­rritorialidad mediante la delimitación de dos circunscripciones elec­torales comprensivas, la primera, de la Comunidad de Madrid, y la segunda, del resto de Comunidades Autónomas o Ciudades con Es­tatuto de Autonomía donde las Cajas de Ahorros tengan oficina abierta.

El número de Consejeros Generales de este sector que corres­ponda a cada circunscripción electoral se distribuirá multiplicando el número de Consejeros del sector por el cociente que resulte de di­vidir los depósitos ponderados en cada circunscripción por la suma de depósitos ponderados de cada una de ellas. A los efectos de la de­terminación de la cifra de depósitos ponderados en cada circunscrip­ción se multiplicarán los depósitos por la ratio depósitos por habi­tante y se dividirá por la totalidad de los depósitos ponderados de la Caja. Se considerará como número de habitantes, la suma del núme­ro de habitantes de los municipios en los que la Caja tiene abierta oficina. Del resultado del cálculo anterior, se asignará a cada cir­cunscripción un número de Consejeros igual a la parte entera y se asignará uno más, en función de la parte decimal, ordenadas de ma­yor a menor, y hasta completar el número de Consejeros del sector.

En cada proceso electoral se elaborará una relación de los impositores de la Caja de Ahorros que cumplan, al menos, los requisi­tos establecidos en el artículo 37, apartados 1, 2 y 5 de la presente Ley.

La designación de compromisarios se efectuará mediante sorteo público, por circunscripciones electorales y ante Notario. El número de compromisarios por cada circunscripción será el resul­tante de multiplicar por 20 el número de Consejeros que correspon­da a cada una de ellas conforme se dispone en el apartado 2. Por el mismo procedimiento serán designados igual número de suplentes de compromisarios.

Una vez producidas las oportunas aceptaciones de la desig­nación y cubiertas, en su caso, las vacantes con los correspondien­tes suplentes, los compromisarios definitivamente designados elegi­rán, mediante votación personal y secreta, a los Consejeros generales de este sector en cada circunscripción.

Podrán ser candidatos a Consejeros Generales por este sector cualesquiera impositores de la Caja que reúnan los requisitos previs­tos en el artículo 37, apartados 1, 2 y 5 y no se encuentren incursos en las causas de inelegibilidad establecidas en el artículo 38.1, am­bos de la presente Ley.

La elección se hará por listas cerradas y bloqueadas que se presentarán por circunscripciones electorales según determine el reglamento Electoral. La asignación de puestos de Consejeros Ge­nerales a cubrir por este sector se efectuará de forma proporcional a los votos obtenidos por cada candidatura. No serán tenidas en cuen­ta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100de los votos válidos emitidos en el conjunto de circunscripciones yen cada una de ellas.

En cada caso, la votación se celebrará en la forma y con los requisitos que establezca el Reglamento Electoral."

Tres. Se modifica el artículo 31 que queda redactado en los si­guientes términos:

"Artículo 31. Consejeros designados por el sector de las perso­nas o Entidades Fundadoras.

Los Consejeros Generales correspondientes al sector de las personas o Entidades Fundadoras serán designados directamente por las mismas.

En el supuesto de Cajas cuyas personas o Entidades Funda­doras no estén identificadas en sus Estatutos, o bien estándolo no puedan o no deseen designar su representación, los Consejeros Ge­nerales que les correspondiesen se repartirán entre los sectores de Entidades representativas, empleados y Asamblea, quedando el re­parto de los Consejeros Generales por sectores en la Asamblea de la siguiente forma:

El 25 por 100 del total de Consejeros Generales serán elegi­dos por el sector de Corporaciones Municipales en cuyo tér­mino municipal tenga abierta al público oficina comercial la Caja.

El 28 por 100 del total de los Consejeros Generales serán ele­gidos por el sector de impositores.

El 19,25 por 100 del total de los Consejeros Generales serán designados por el sector de las Entidades representativas a que se refiere el artículo 27.2.f) de esta Ley.

El 16,5 por 100 del total de los Consejeros Generales serán elegidos por el sector de la Asamblea de Madrid.

El 11,25 por 100 del total de los Consejeros Generales serán elegidos por el sector de los empleados de las Cajas."

Cuatro. Se modifica el artículo 32 que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 32. Consejeros elegidos por el sector de la Asamblea de Madrid.

Los Consejeros Generales correspondientes al sector de la Asam­blea de Madrid serán elegidos, en representación de los intereses ge­nerales por la misma Asamblea distribuyendo los representantes en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos inte­grantes de la Cámara y según los procedimientos que esta determi­ne, de entre personas de reconocido prestigio o experiencia en ma­terias relacionadas con la actividad de las Cajas."

Cinco. Se modifica el artículo 34 que queda redactado en los si­guientes términos:

"Artículo 34. Consejeros designados por el sector de las Entida­des representativas de intereses colectivos.

El sector de las Entidades representativas estará conformado por las Organizaciones Empresariales y Sindicales que formen par­te del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril, de Crea­ción del Consejo Económico y Social, por las Universidades públi­cas y privadas sobre las que ejerza competencias la Comunidad de Madrid, por la Cámara de Comercio de Madrid, así como por fun­daciones, asociaciones o corporaciones de carácter cultural, cientí­fico, benéfico, social, cívico, económico o profesional de interés para la Caja de Ahorros en su ámbito de actuación o de reconocido arraigo en la Comunidad de Madrid.

Los Consejeros Generales correspondientes al sector de En­tidades representativas se distribuirán de la siguiente forma:

Un 26 por 100 corresponderá a las Organizaciones Empresa­riales y Sindicales más representativas en el ámbito de la Co­munidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en laLey 6/1991, de 4 de abril, de Creación del Consejo Económi­co y Social. Dicho porcentaje se repartirá paritariamente en­tre Organizaciones Empresariales y Sindicales.

Un 5 por 100 corresponderá a las Universidades públicas so­bre las que ejerza competencias la Comunidad de Madrid, en la forma que las mismas establezcan.

Un 5 por 100 corresponderá a las Universidades privadas so­bre las que ejerza competencias la Comunidad de Madrid, en la forma que las mismas establezcan.

Un 13 por 100 corresponderá a la Cámara de Comercio de Madrid en la forma que la misma establezca.

Un 51 por 100 corresponderá al resto de Entidades a que se refiere el apartado 1 anterior.

3.    Corresponde a la Consejería competente en materia de Cajas de Ahorros la aprobación y modificación de la relación de Entida­des representativas de la letra e) del apartado anterior.

La designación del número de representantes por cada Entidad re­presentativa se acordará por el Consejo de Administración de entre la relación aprobada por la Consejería competente. Cada Entidad re­presentativa de esa relación deberá disponer, al menos, de dos repre­sentantes, salvo que el número a distribuir no fuera suficiente, en cuyo caso este número mínimo podrá ser inferior."

Seis. El apartado 2 del artículo 37 tendrá el siguiente contenido:

"2. Además de los requisitos anteriores, para ser elegido com­promisario o Consejero General por el sector de los impositores, se requerirá ser impositor de la Caja de Ahorros a que se refiere la de­signación al tiempo de formular la aceptación del cargo y, tener esta condición, con una antigüedad superior a dos años a la fecha del sor­teo, así como haber tenido, en el semestre natural anterior a la fecha del sorteo de compromisarios, respectivamente, un número mínimo de 50 anotaciones en cuentas, o bien haber mantenido en el mismo período un saldo medio en cuentas no inferior a 600 euros.

Los mínimos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser obje­to de revisión periódica en función del valor del dinero y en la for­ma que establezcan los Estatutos de cada Caja de Ahorros.

Los reglamentos deberán contemplar los supuestos de apertura de varias cuentas en una sucursal o en diferentes sucursales, a fin que cada impositor participe en los procesos electorales por una sola cuenta."

Siete. Se suprime el artículo 51.4 y se modifica el artículo 51.3 que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 51. Composición y elección.

3. Los Vocales de cada sector en el Consejo de Administración se designarán por la Asamblea, como cuerpo electoral único, a pro­puesta de, al menos, un 10 por 100 de los Consejeros Generales in­tegrantes del sector, y subsidiariamente por el Consejo de Adminis­tración. En el caso de que en un sector hubiera pluralidad de propuestas, estas deberán contener el orden de preferencia de los candidatos, si bien la pluralidad de propuestas que puedan producir­se en el sector de empleados y en el de Entidades representativas de­berán ser sometidas, previamente, a votación entre los Consejeros Generales del sector, mediante la formulación de candidaturas ce­rradas y bloqueadas y asegurando que los resultados de la votación se atribuirán proporcionalmente a cada una de dichas candidaturas, para conformar la propuesta de candidatos del sector que se llevará a la Asamblea General. Los puestos en el Consejo que correspondan a cada sector se atribuirán en proporción al número de votos obteni­dos en cada candidatura, resultando elegidos los que ocupen los lu­gares preferentes en las mismas. Cada candidatura deberá contener un número de suplentes igual al de titulares, con indicación de la co­rrespondencia entre cada uno de ellos."

Ocho. Se modifica el artículo 63.3.a) que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 63. Atribución al Presidente de funciones ejecutivas. 3. (...)

a) Requerirán para su validez el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo."

Nueve. Se adiciona un nuevo artículo 64 bis con el tenor literal siguiente:

"Artículo 64 bis. Comisiones de Retribuciones y de Inver­siones.

El Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros cons­tituirá en su seno una Comisión de Retribuciones, que tendrá la fun­ción de informar sobre la política general de retribuciones e incenti­vos para los miembros del Consejo y personal directivo. La comisión estará formada por un máximo de tres personas, que serán designadas de entre sus miembros por el Consejo de Administra­ción. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribucio­nes será establecido por los Estatutos de la Caja y su propio regla­mento interno.

El Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros cons­tituirá en su seno una Comisión de Inversiones, formada por un máximo de tres miembros, que tendrá la función de informar al Con­sejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja, ya sea directamente o a través de entida­des de su mismo grupo, así como la viabilidad financiera de las cita­das inversiones y su adecuación a los presupuestos y planes estraté­gicos de la entidad. Los miembros de la Comisión serán designados atendiendo a su capacidad técnica y experiencia profesional por el Consejo de Administración de entre sus miembros. La Comisión de Inversiones remitirá anualmente al Consejo de Administración un informe en el que, al menos, deberá incluirse un resumen de dichas inversiones. Igualmente se incluirá en el informe anual relación y sentido de los informes emitidos por la citada Comisión. Este infor­me anual, de la Comisión de Inversiones, se incorporará al informe de gobierno corporativo de la entidad.

Se entenderá como estratégica la adquisición o venta de cualquier participación significativa de cualquier sociedad cotizada o la parti­cipación en proyectos empresariales con presencia en la gestión o en sus órganos de gobierno.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones será establecido por los Estatutos de la Caja y su propio reglamento in­terno."

Diez. Se modifica el párrafo segundo del artículo 68.2 que que­da redactado en los siguientes términos:

"Artículo 68. Composición.

2. (...)

La designación de los miembros en la Comisión de Control se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 51.3 de la presente Ley."

Once. Se añade una nueva disposición adicional tercera con la siguiente redacción:

"Disposición adicional tercera. Comité de Auditoría.

Los Estatutos de las Cajas de Ahorros que emitan valores admiti­dos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores de­berán determinar si, al amparo de lo previsto en la Disposición Adi­cional Decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las Cajas constituirán un Comité de Auditoría formado mayoritariamente por miembros no ejecutivos del Consejo de Ad­ministración o encomendarán las funciones del Comité de Auditoría a la Comisión de Control.

En el caso de que el Comité de Auditoría esté formado por miem­bros del Consejo de Administración, los Estatutos deberán regular su número de miembros, sus competencias y sus normas de funcio­namiento."

Doce. La disposición transitoria quinta queda redactada de la si­guiente forma:

"Disposición transitoria quinta. Reelección en caso de cumpli­miento del período máximo de mandato.

Los Consejeros Generales, los Vocales del Consejo de Adminis­tración y los miembros de la Comisión de Control que ostenten el cargo a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque hayan cum­plido el período máximo establecido en el artículo 35.1, en el artícu­lo 52.1 y en el artículo 70, o que lo cumplan durante el período elec­tora] vigente a 31 de diciembre de 2003 podrán permanecer en el cargo durante tal mandato y uno más, solo en el caso de que la re­presentación por la que se les reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior."

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Medidas dirigidas al control del absentismo laboral

Con la finalidad de promover el incremento de los niveles de efi­ciencia y productividad de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se impulsará el establecimiento de programas en las distintas Conseje­rías, con el objeto de reducir la incidencia del absentismo laboral y su impacto negativo en la eficacia que requiere la adecuada presta­ción de los servicios a los ciudadanos, previo estudio de sus causas y del establecimiento de las medidas más adecuadas y efectivas que coadyuven a lograr su disminución.

En el marco de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la competencia de la Consejería de Presi­dencia, Justicia e Interior en la gestión del régimen de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se impulsará la adopción de Convenios de colaboración con dicha Entidad, con el fin de adoptar medidas dirigidas al estudio, control y racionalización de la prestación por incapacidad temporal.

Segunda. Fondo Regional de Cooperación Municipal

La modificación del artículo 133 de la Ley 2/2003, de 11 de mar­zo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, será de aplicación, a los expedientes de justificación de gastos corrientes fi­nanciados con cargo al Fondo Regional de Cooperación Municipal, dentro del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid para el período 2008-2011, que se generen a partir del 1 de enero de 2009, sin que, por tanto, deban estar vinculados a programas re­gionales de inversiones y servicios.

Tercera. Declaración de medio propio instrumental

A los efectos previstos en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tienen la conside­ración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Admi­nistración de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autó­nomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes: La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el Ente de Derecho Público MINTRA y el Canal de Isabel II. A estos efectos, estarán obligadas a realizar cuantos trabajos se les encar­guen dentro del ámbito de sus funciones. Estos encargos se acorda­rán por el Consejo de Gobierno de conformidad con criterios de le­galidad, determinando específicamente su objeto, las actuaciones concretas a desarrollar y su financiación de acuerdo con la normati­va presupuestaria vigente.

La relación de los mencionados entes con la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes en su condición de medio propio y servicio técnico tiene naturaleza instrumental y no contractual, siendo a todos los efectos de carácter interno, dependiente y subordinado.

Además, no podrán participar en las licitaciones públicas convo­cadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Or­ganismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás En­tes, sin perjuicio de que cuando no concurra ningún licitador pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de la licitación, y someterán todos los contratos necesarios para ejecutar las enco­miendas a las prescripciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales en el caso del Ca­nal de Isabel II, en cuanto a su preparación y adjudicación, excepto en aquello que resulte incompatible con su naturaleza jurídica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

El plazo de permanencia de cinco años, establecido en el artícu­lo 3, apartado Uno, número 3, párrafo primero, resultará aplicable también a los bienes o derechos adquiridos por transmisión "mortis causa" antes de la entrada en vigor de esta Ley.

Segunda. Encomiendas de gestión

Las encomiendas de gestión efectuadas al amparo de lo dispues­to en el artículo 61 de la Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de Presu­puestos Generales de la Comunidad de Madrid, y antes de la entra­da en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se regirán por la normativa vigente en el momento de su formalización.

Tercera. Adaptación de las dotaciones de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Orden de la Consejería competente en materia de interior se adaptará la dotación de los medios personales y materiales de los convenios de colaboración ya suscritos para la implantación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

En la adaptación de los convenios se determinará el importe anual que corresponde a los suministros de automóviles y combustible que la Comunidad de Madrid proporciona actualmente a las Bases Ope­rativas de las Brigadas de Seguridad, hasta la finalización de los contratos de suministros correspondientes, que no podrán ser objeto de prórrogas. Este importe será deducido de los pagos que se esta­blezcan para financiar dichos bienes. En consonancia con las deduc­ciones que se practiquen se llevará a cabo la adecuación de los cré­ditos presupuestarios.

Cuarta. Aplicación de la Ley a los procedimientos en tramitación

La modificación del artículo 21.3 de la Ley 1/1999,de 12de mar­zo, de Ordenación del Turismo en la Comunidad de Madrid, será de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Quinta. Adaptación de Estatutos Sociales y Reglamento Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid procederá a re­mitir a la Consejería competente en materia de cajas de ahorros un proyecto de adaptación de sus Estatutos y Reglamento Electoral a la presente Ley, en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la misma. La Consejería autorizará el citado proyecto, o soli­citará modificaciones al mismo, en el plazo máximo de quince días. El proyecto de adaptación autorizado por la Consejería, deberá so­meterse a la aprobación definitiva de la Asamblea General en el pla­zo máximo de un mes.

Si transcurridos dichos plazos no se hubieran adaptado los Esta­tutos y Reglamento Electoral, corresponderá a la Consejería compe­tente en materia de cajas de ahorros redactar y aprobar los Estatutos y Reglamento Electoral en el plazo máximo de un mes.

Sexta. Procesos electorales no concluidos

Las modificaciones de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, serán de aplicación a los procesos electorales que, a la entrada en vigor de esta Ley, no hubie­ran concluido plenamente mediante el nombramiento correspon­diente.

Séptima. Renovación de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

La renovación de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid al objeto de adaptar su composición a lo establecido en la presente Ley, se ajustará a las siguientes reglas:

En 2009 se procederá a la elección de los Consejeros Genera­les de Corporaciones Municipales, Asamblea y Entidades re­presentativas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Esto determinará que de forma excepcional la Asamblea general supere el número máximo de 320 Consejeros Gene­rales hasta que se produzca la renovación de los sectores de impositores y empleados en 2012.

En 2009 se procederá a la renovación de los miembros del consejo de Administración y de la Comisión de Control que se hará de acuerdo con la presente Ley. Esto determinará quede forma excepcional, y hasta 2012, el Consejo de Adminis­tración y la Comisión de Control, superen el número máximo de 21 y 13 miembros respectivamente.

Se mantendrá en su integridad la designación de las Entida­des y el número de representantes por las Entidades represen­tativas para el proceso electoral correspondiente al año 2009realizada, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, por la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, el incremento de re­presentantes que se deriva de la aplicación de esta Ley se dis­tribuirá de acuerdo con la lista y el número de Entidades que apruebe la Consejería competente. A tal efecto, comunicará al Presidente de la Caja y al Presidente de la Comisión de Control tal designación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

1.Quedan derogados los siguientes preceptos: Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 7/2007, de 21 de diciem­bre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

    Las letras b) y g) del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro del Juego y del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, aprobado por Decreto 24/1995, de 16 de marzo.

2.    Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dis­puesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo reglamentario

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas dis­posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la pre­sente Ley.

2. Se faculta a los Consejeros competentes por razón de la ma­teria, para aprobar, previo informe favorable de la Consejería com­petente en materia de hacienda, la forma, plazos de ingreso, mode­los de impreso y normas de desarrollo que sean necesarias para la gestión, liquidación y recaudación de las tasas referidas en el artícu­lo 6 de esta Ley.

Segunda. Texto refundido en materia de tributos cedidos

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de diez meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, elabore un Texto Refundido que contenga la normativa que, con rango de Ley, ha dictado hasta la fecha la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado y que se hallen vigentes a 1 de enero de 2009.

La refundición consistirá en la formulación de un texto único que recopile, ordene y transcriba las disposiciones vigentes a la fecha ci­tada.

Tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.

Sin perjuicio de la adaptación de los Estatutos a que se refie­re la Disposición transitoria quinta, las modificaciones introducidas por la presente Ley en la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, tendrán plena validez desde la entrada en vigor de la misma.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplica­ción esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 29 de diciembre de 2008.