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RESOLUCIONES JUDICIALES CON TRANSCENDENCIA REGISTRAL. Num. 1, JUNIO DE 2015

 RESOLUCIONES JUDICIALES CON TRANSCENDENCIA REGISTRAL

 Informe núm. 1

JUNIO DE 2015

Carolina del Carmen del Castillo Martínez

Magistrado-juez titular del juzgado de instancia número dos de Denia, con funciones compartidas de Registro Civil


  

Carolina del Carmen del Castillo Martínez
Carolina del Carmen del Castillo Martínez

1. PRINCIPIO DE BUENA FE REGISTRAL. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 12 DE ENERO de 2015. Recurso de casación Num.: 967/2012

Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno

Votación y Fallo: 16/07/2014

   Materia: Desafectación tácita de bienes de dominio público. Principio de buena fe registral (art. 34 LH).

   Doctrina jurisprudencial aplicable: 

«En el presente caso, y conforme a la valoración de la prueba practicada, no puede ponerse en duda que el cese definitivo del servicio motivó su desafectación tácita en el año 1983. Desafectación tácita claramente confirmada posteriormente tanto por el acta expresa de desafectación, de 11 de diciembre de 1998, como por la propia declaración de innecesariedad del inmueble y el posterior procedimiento de reversión solicitado, determinándose claramente el carácter patrimonial del bien y el desuso durante todo el periodo transcurrido desde el cese efectivo del servicio anteriormente señalado.

Frente a ello, y conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, la fundamentación técnica o calificación de la Audiencia no puede ser compartida. En efecto, exigir el "animus" o la voluntad de la Administración en orden a la renuncia de la propiedad del bien y su "facta concludentia" (conducta concluyente), comporta desnaturalizar la figura aquí tratada y confundirla con la derelicción o abandono, propiamente dicho, del dominio. (…).

Una vez determinada la desafectación tácita del bien litigioso y, por tanto, estimada la posibilidad de adquisición del mismo por la parte recurrente, cabe examinar el proceso adquisitivo llevado a cabo a tenor del principio de fe pública registral que informa el artículo 34 LH, particularmente en orden a la buena fe del tercero adquirente; todo ello conforme a lo alegado en el recurso de casación.

 En este sentido, debe partirse de que la buena fe constituye uno de los presupuestos de la protección registral, pues justifica que el tercero adquirente resulte protegido en la medida en que ha contratado confiando en la información ofrecida por el Registro. Si esta razón quiebra, y el tercero es conocedor de la inexactitud del Registro respecto a la realidad jurídica, la especial protección registral carece de justificación.

En el plano de la configuración de la buena fe en el proceso adquisitivo debe señalarse que se han desarrollado dos líneas o perspectivas de razonamiento en liza. Conforme a la primera, la idea o noción de buena fe responde a un puro estado psicológico o psíquico del tercero adquirente en orden a la creencia de que el titular registral es el verdadero dueño de la cosa y ostenta un poder de disposición sobre la misma. De forma que la ignorancia o el equivocado conocimiento de la realidad jurídica no desvirtúa la protección registral otorgada con base en esta creencia acerca de la legitimidad de transmisión realizada. Por contra, para la segunda línea de configuración, que requiere la convicción de no lesionar legítimos derechos o intereses ajenos, la noción de buena fe responde a una actuación diligente conforme a unos criterios o pautas de comportamiento que resulten socialmente aceptados; de ahí que, a diferencia de la anterior concepción, no sea suficiente padecer cualquier tipo error, sino sólo el error que, según las circunstancias, sea excusable, esto es, que no se hubiera vencido actuando diligentemente. Paralelamente, y con independencia de la concepción escogida, la buena fe también puede ser determinada, directamente, con referencia al conocimiento mismo (scientia) por el tercer adquirente de la razón o causa que obsta la legitimidad de la transmisión en el momento de perfección del negocio adquisitivo, de forma que pierde la protección otorgada.

Pues bien, en este contexto valorativo, debe precisarse que la calificación de la buena fe como presupuesto de la prescripción ordinaria no puede quedar reconducida, únicamente, a una interpretación literalista del artículo 1950 del Código Civil en favor de su delimitación como un mero estado psicológico consistente en la "creencia" de que el transferente era titular del derecho real y venía legitimado para transferir el dominio. En efecto, conforme a la interpretación sistemática del precepto citado en relación, entre otros, con los artículos 433, 435, 447, 1941, 1952 y 1959 del Código Civil, así como con los artículos 34 y 36 de la Ley Hipotecaria, y de acuerdo con el reforzamiento del principio de buena fe que la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala viene realizando respecto de aquellas instituciones o figuras jurídicas que resulten particularmente informadas por este principio, entre otras, SSTS de 11 de diciembre de 2012 (núm. 728/2012) y 14 de enero de 2014 (núm. 537/2013), debe precisarse que dicha apreciación meramente subjetiva del adquirente no resulta, por sí sola, determinante de la buena fe en el ámbito de la adquisición de los derechos reales, pues se requiere del complemento objetivable de un "estado de conocimiento" del adquirente acerca de la legitimación del transmitente para poder transmitir el dominio; aspecto al que igualmente le es aplicable una carga ética de diligencia "básica" que haga, en su caso, excusable el error que pudiera sufrir el adquirente respecto del conocimiento de la realidad del curso transmisivo operado y, en su caso, de la discordancia con la información ofrecida por el Registro.

Así las cosas, y dada la presunción de buena fe que declara el artículo 34 LH en su desarrollo normativo, la cuestión de la carga ética de diligencia que debe emplear el tercero adquirente se centra, primordialmente, en el sentido negativo que presenta la extensión conceptual de la buena fe, es decir, en la medida o grado de diligencia exigible que hubiera permitido salir del error o desconocimiento de la situación y conocer la discordancia existente entre la información registral y la realidad dominical de que se trate.

Centrada la cuestión debe puntualizarse que, con base a la protección y presunción que establece el citado artículo 34 LH, la gradación de la diligencia exigible, en el sentido o aspecto negativo que presenta el concepto de buena fe, no puede plantearse en abstracto respecto del examen de cualquier defecto, vicio o indicio que pudiera afectar a la validez y eficacia del negocio dispositivo realizado, sino que debe proyectarse y modularse, necesariamente, en el marco concreto y circunstancial que presente la impugnación efectuada por el titular extraregistral a tales efectos. En el supuesto del presente caso, con referencia circunstancial a la situación posesoria de la finca objeto de la litis, la carga básica de la diligencia exigible al adquirente no puede medirse o extenderse con relación a cualquier posesión o indicio de la misma que se hubiera debido o podido conocer, sino solo a una situación posesoria clara y manifiesta que se ejercite en concepto de dueño y que, por tanto, contradiga o ponga en seria duda la exactitud de la información registral, con relación al derecho inscrito; STS de 11 de julio de 2012 (núm. 454/2012).» Se estima el recurso de casación.

  

2. OBLIGACIÓN DE INFORMAR DEL PROFESIONAL Y ERROR EXCUSABLE DEL ADHERENTE. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 12 DE ENERO de 2015. Recurso de casación Num.: 2290/2012

Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y Fallo: 10/12/2014

   Materia: Cómputo del plazo para ejercitar la acción de anulación de  contratos como el examinado (contrato de seguro de vida, denominado "unit linked multiestrategia") por error en el consentimiento. Legitimación pasiva de la entidad bancaria demandada, que no era parte en el contrato pero cuya mediación no se considera como meramente accesoria. Información exigible en la promoción de un seguro como el que es objeto de estudio y error por vicio en el consentimiento.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

«El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las características de la inversión que ofrecía a sus clientes, y en concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error de la demandante sea excusable.

Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos en la sentencia de pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, «la existencia de estos deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente».

Cuando no existe la obligación de informar, la conducta omisiva de una de las partes en la facilitación de información a la contraria no genera el error de la contraparte, simplemente no contribuye a remediarlo, por lo que no tiene consecuencias jurídicas (siempre que actúe conforme a las exigencias de la buena fe, lo que excluye por ejemplo permitir, a sabiendas, que la contraparte permanezca en el error). Pero cuando, como ocurre en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la contratación de productos y servicios de inversión, y le impone esa obligación con carácter previo a la celebración del contrato y con suficiente antelación, lo que implica que debe facilitar la información correcta en la promoción y oferta de sus productos y servicios y no solamente en la documentación de formalización del contrato mediante condiciones generales, para que el potencial cliente pueda adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada (art. 12 Directiva y 5 del anexo al Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo), en tal caso, la omisión de esa información, o la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento jurídico.

Tampoco puede acogerse el argumento de que los empleados de Banco Santander estuvieron dispuestos a responder cuantas preguntar se les formularon. Como ya declaramos en la sentencia núm. 244/2013, de 18 de abril, la obligación de información que establece la normativa legal del mercado de valores es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante.» Se estima el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal.

  

3. DERECHO DE SUPERFICIE. LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA QUE AFECTA A TODO EL ENTRAMADO CONTRACTUAL. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 12 DE ENERO de 2015. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal Num.: 1279/2011

Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y Fallo: 9/12/2014

   Materia: Defensa de la competencia. Relación jurídica compleja, consistente en contrato de abanderamiento y suministro en exclusiva por 25 años, precedido de la constitución de derecho de superficie a favor de la abastecedora y construcción de una gasolinera que se arrienda a la sociedad constituida por los propietarios del terreno. Inexistencia de fijación de precios de venta por Repsol y posibilidad de realizar descuentos con cargo a una comisión que, en todo caso, debe respetarse en casación.
Adecuación de la relación jurídica al Reglamento de exención nº 1984/82, y nulidad sobrevenida por aplicabilidad del Reglamento nº 2790/99. Cambio de criterio jurisprudencial como consecuencia de la doctrina contenida en el Auto del TJUE de 27 de marzo de 2014, asunto Brigth Service (C:2013:142): cuando un acuerdo cumple los requisitos de exención previstos por el Reglamento nº 1984/83, pero no los establecidos por el Reglamento nº 2790/1999, hay que considerarlo excluido del ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, hasta el 31 de diciembre de 2001, en virtud del régimen transitorio previsto en el artículo 12 del Reglamento nº 2790/1999. Se rechaza expresamente la interpretación que se venía haciendo con anterioridad, de que tal acuerdo sigue estando excluido del ámbito de aplicación del art. 81.1 CE, por dicho Reglamento de exención, hasta el 31 de diciembre de 2006. Esto es, no cabe sumar al período transitorio previsto en el art. 12.2 del Reglamento, otro período de una duración equivalente al máximo durante el cual un contrato que incluya una cláusula de no competencia puede estar exento en virtud del Reglamento nº 2790/1999. Efectos y alcance de la nulidad sobrevenida: la ineficacia sobrevenida de la cláusula de duración de la exclusiva en el suministro no puede determinar únicamente la nulidad de dicha cláusula, desde el día 1 de enero de 2002, sino que afecta a todo el entramado contractual, esto es, a los contratos de superficie y de arrendamiento, pues todos ellos, aunque tuvieran su causa propia, respondían a una finalidad común y entre ellos existía un equilibrio de prestaciones, que se rompe cuando se declara la nulidad de la cláusula de suministro en exclusiva a los pocos años de firmarse el contrato, sin que haya habido tiempo de amortizarse la inversión realizada por la demandada. El efecto consiguiente a la nulidad de todo el entramado contractual, a la referida fecha de 1 de enero de 2002, es no sólo que queden sin efecto las reseñadas relaciones contractuales de superficie, arrendamiento de industria y distribución, sino que deba liquidarse esta relación contractual compleja, para restablecer un equilibrio económico entre las partes. Se estima uno de los recursos de casación. Se desestima otro recurso de casación y un recurso extraordinario por infracción procesal.

   

4. EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEBE DIRIGIRSE TAMBIÉN CONTRA EL DEUDOR NO HIPOTECANTE. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 12 DE ENERO de 2015. Recurso de casación Num.: 2820/2001

Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz

Votación y Fallo: 10/12/2014

   Materia: Demanda de ejecución hipotecaria al amparo del artículo 131 de la LH: debe dirigirse contra el propietario registral. Objetividad de los índices de referencia en relación con el pacto sobre revisión de tipo de interés. Anatocismo. Hipoteca de máximo si se pactan intereses variables respecto de ese extremo. Artículo 114 de LH. Cabe la ejecución hipotecaria al amparo del artículo 131 LH cuando se han pactado "intereses variables". Nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la LH por irregularidades en los requerimientos de pago.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

[Ante la denuncia de que el requerimiento de pago previo a la ejecución adolecía de irregularidad formal y que por eso contrariaba las normas imperativas de la ejecución que se señalan] Podría debatirse la posibilidad de que se plantee a instancia de parte un incidente de nulidad de actuaciones, pero ello no empece a que las irregularidades se pongan en conocimiento del Juzgado, que aquí se hizo, y éste pueda apreciar de oficio la nulidad puesta en conocimiento.

Así debió obrar el Juzgado, sobre todo si se tiene en cuenta que al Sr. Bernabé la irregularidad le produjo efectiva indefensión porque no era hipotecante pero sí deudor y no le eran indiferentes las incidencias del procedimiento en cuanto su resultado influye en su deuda. La Sentencia de 29 de junio de 1992 decretó la nulidad de un procedimiento por haberse omitido el requerimiento de pago al deudor y entenderse la diligencia exclusivamente con el tercer poseedor, pues recogía que "el deudor, como obligado principal, era un destinatario imprescindible del requerimiento previo a la ejecución".

Por todo ello el motivo debe prosperar.

«B) Aunque así no se decidiese no puede ser motivo de casación que un Tribunal de Justicia haya decidido en contra de la calificación negativa del Sr. Registrador de la Propiedad respecto de determinadas estipulaciones, ya que precisamente tales calificaciones quedan sujetas a la tutela de los Tribunales de Justicia al estar bajo su salvaguarda los asientos del Registro. Además, en contra de lo que se sostiene ninguna de tales estipulaciones es calificada por el Sr. Registrador de abusiva sino que distingue por: i) ser personal; ii) no cubrir la hipoteca; iii) ir contra la Dirección General de los Registros y el Notariado en sus resoluciones; iv) ir contra derecho necesario; v) por su generalidad; vi) por ir contra el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca y vii) por ir contra las disposiciones del artículo 131.1 de la Ley Hipotecaria.

C) Tampoco podría ser motivo de casación la abusividad o no de estipulaciones como la undécima, duodécima o decimotercera por carecer de relevancia litigiosa a los efectos de la nulidad del préstamo.

D) Finalmente cabe decir que no queda desvirtuada la declaración de la sentencia recurrida de ser el préstamo litigioso un contrato negociado y no de adhesión, importante a la hora de enjuiciar y valorar la abusividad o no de sus estipulaciones (STS de 7 de abril de 2014), por cuanto los prestatarios concertaron el contrato de préstamo a través de un representante apoderado que es su abogado en este litigio, con conocimientos por tanto para entender y comprender el exacto y transparente contenido de las estipulaciones acordadas.

E) Respecto del carácter usurario de los intereses remuneratorios, que con tan escasa contundencia se alega, sólo puede decirse que no existe constancia de los requisitos que la Ley de usura de 1908 exige para ser calificados de tales. Además, si se acude a los índices del mercado hipotecario, publicados por el Banco Hipotecario a la fecha en que se celebró el contrato de préstamo, se comprueba, en referencia a Cajas de Ahorro, que son prácticamente coincidentes con los pactados.

Por todo ello el motivo se desestima.» Se desestima el recurso de casación.

  

5. ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POSIBLE SI TRAS LA ADJUDICACIÓN POR EL 50% SE VENDE LA FINCA CON GRAN PLUSVALÍA. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 13 DE ENERO de 2015. Recurso de casación: Num.: 1147/2013

Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz

Votación y Fallo: 10/12/2014

   Materia: Enriquecimiento injusto. Matización de la jurisprudencia que excluye, en todo caso, el enriquecimiento injusto en una adjudicación al ejecutante del bien ejecutado por la mitad del valor de tasación, si fuera seguida de una posterior enajenación por un precio muy superior al de la adjudicación, que aflorara una plusvalía muy significativa, y que contrastaría con la pervivencia del crédito y su reclamación por el acreedor beneficiado con la plusvalía.

La constitución de la hipoteca no altera el régimen de responsabilidad patrimonial universal y la normativa vigente «no prevé su adjudicación [del bien hipotecado], en todo caso, por el importe total adeudado, garantizado con la hipoteca» sino que permite al acreedor hipotecario adjudicarse el bien por la mitad del valor de tasación (reformas posteriores aumentaron ese porcentaje al 60 y 70% en caso de vivienda habitual del deudor). Con base en ello, y según jurisprudencia consolidada, el ejercicio de la facultad legal de reclamar a los deudores la parte del crédito no extinguida con la adjudicación del bien hipotecado por el 50% del valor de tasación, «en principio, no podía considerarse un supuesto de enriquecimiento injustificado».  Esta doctrina se debe matizar en supuestos en que la adjudicación al ejecutante vaya seguida de una posterior enajenación por un precio muy superior al de adjudicación, que aflorara una plusvalía muy significativa (lo que no integraba el caso de autos), pues esto contrastaría con la pervivencia del crédito y su reclamación por el acreedor de la plusvalía. La referida matización encuentra amparo en las últimas reformas legales y, en concreto, en la actual redacción del artículo 579 LECiv, apartado 2, tras la entrada en vigor de Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Se estima el recurso de casación.

  

6. REQUERIMIENTO DE PAGO EN EJECUCIÓN. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 13 DE ENERO de 2015. Recurso de casacióN Num.: 1537/2005

Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Votación y Fallo: 10/12/14

   Materia: Procedimiento del artículo 131 LH. Requerimiento de pago. Ausencia de indefensión, toda vez que los actores tuvieron probado conocimiento de todas las actuaciones procesales practicadas, por lo que debe concluirse que se ha respetado absolutamente su derecho a la tutela judicial efectiva.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

« En el procedimiento del art. 131 LH n.º 402 de 1994, único procedimiento hipotecario del que se insta la nulidad en este procedimiento declarativo (n.º 164/2002), se practicó requerimiento de pago por la comisión judicial el 19 de octubre de 1995 en el domicilio de los demandados, efectuándose en la persona que fue hallada, que dijo ser su hijo José Eusebio Seco Gordillo, identificado con DNI, al que se le entregaron las correspondientes cédulas y copias de la resolución, quien firmó.

Por escrito firmado el 30 de octubre de 2005 se personaron en el procedimiento referido n.º 402 de 1994, los tres demandados, quienes manifestaban haber recibido el anterior requerimiento de pago, efectuado en la persona del hijo de dos de ellos y sobrino de la otra parte restante.

A su vez, el 30 de octubre de 1995, consignan 8.117.051.- pesetas.

Por providencia de 30 de junio de 2000 se requiere a los tres ejecutados para que consignen la cantidad restante por intereses y costas, a través de su procurador D. Carlos Guadalix Hidalgo, quien se dio por notificado y presentó recurso de reposición contra la referida providencia.

De lo expuesto se deduce que los hoy demandantes tuvieron cumplido conocimiento de todas las actuaciones procesales, empezando por el requerimiento de pago, del que se hicieron eco expresamente y continuando por el resto de las resoluciones, al estar debidamente personados a través de procurador de los Tribunales, por lo que se respetó de forma integral su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución).» Se desestima el recurso de casación

  

7. EL CONTROL DE ABUSIVIDAD DEBE SER CONCRETO. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 13 DE ENERO de 2015. Recurso de casación Num.: 536/2003

Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Votación y Fallo: 10/12/14

   Materia: Procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Nulidad planteada en juicio declarativo. El control de la abusividad no puede ser abstracto sino que debe concretarse a las cláusulas que efectivamente resultan aplicadas en la liquidación de la cantidad adeudada por la que se interesa el despacho de ejecución, sirviendo, de tal manera, de fundamento a la ejecución solicitada con base en la escritura de constitución de la garantía real hipotecaria.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

« Entiende el recurrente que la Caja determina unilateralmente el interés de demora, al referir que no pueden ser inferiores a los establecidos para los descubiertos en cuenta.

La Sala debe declarar que no se acredita que esta cláusula haya sido objeto de aplicación efectiva, por lo que no puede entenderse que los intereses se liquidaran por una cantidad superior al nominal más dos puntos.

Debemos declarar que el control de abusividad no puede ser abstracto, en este caso, en sí mismo considerado, sino que debe ser concretado respecto de las cláusulas que fueran objeto de aplicación de acuerdo con los hechos discutidos en el recurso, al no tratarse de una acción colectiva de cesación. En el presente supuesto no puede plantearse por abstracción el control de abusividad cuando el préstamo ya ha sido ejecutado, sin aplicación de la cláusula que se impugna Se desestima el recurso de casación.

   

8. EL RECURSO DIRECTO CONTRA LA CALIFICACIÓN DEBE DIRIGIRSE CONTRA EL REGISTRADOR. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO 14 DE ENERO de 2015. Recurso de casación: Num.: 3033/2012

Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana

Votación y Fallo: 9/12/2014

   Materia: Impugnación de la calificación negativa del Registrador de la Propiedad. Legitimación pasiva del Registrador de la Propiedad, y no de la DGRN, en los procedimientos judiciales seguidos directamente contra su calificación, supuestos en los que el Registrador de la Propiedad es el único legitimado para soportar la acción que se deduzca contra su calificación, dada la especial naturaleza de la función y calificación registral.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

Las calificaciones negativas del registrador, dice el artículo 324 Ley Hipotecaria, podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en la forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o ser impugnadas directamente ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose, en la medida en que le sean aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 328 de esta Ley. Señalando, a su vez, el artículo 328 que “Las calificaciones negativas del registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal”, añadiendo en su párrafo quinto que “La Administración del Estado estará representada y defendida por el Abogado del Estado. No obstante, cuando se trate de la inscripción de derechos en los que la Administración ostente un interés directo, la demanda deberá dirigirse contra el Ministerio Fiscal”.

Según los preceptos citados son impugnables ante los órganos del orden jurisdiccional civil las calificaciones negativas del registrador y, en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores. Es decir, la Ley establece una actuación distinta y diferenciada de impugnación según se trate del recurso judicial directo contra la calificación del registrador o del recurso judicial frente a la Dirección General del Registro y del Notariado resolviendo el recurso en vía gubernativa interpuesto contra dicha calificación, que va a resultar determinante de la legitimación en el orden jurisdiccional civil.

En el primer caso, es el registrador de la propiedad el único legitimado para soportar la acción que se deduzca contra su calificación, dada la especial naturaleza de la función y calificación registral. En el segundo, la legitimación corresponde a la Administración, en la que se encuadra la Dirección General de los Registros y del Notariado, representada y defendida por el Abogado del Estado, única y exclusivamente en los supuestos en los que exista un acto expreso o presunto.

El hecho de que nada diga el artículo 328 de la LH sobre la legitimación pasiva no quiere decir que se niegue ésta al registrador. Cierto es que podía haberlo dicho de forma expresa, o haberse corregido una vez advertidas las diferencias de criterio entre los Tribunales, pero no se ha hecho, lo que no impide que a través de una interpretación lógica y sistemática se le pueda atribuir. El artículo contiene una regla de postulación y defensa de la Administración, referida a los supuestos de impugnación de las resoluciones de la DGRN, pero no niega la legitimación del registrador en un juicio verbal directo, algo por lo demás que, en principio, no resulta extravagante en el ámbito de la jurisdicción civil vinculado a la calificación registral, al menos desde el reconocimiento en determinados casos de la legitimación activa, puesto que es el propio artículo 328 LH, en la redacción dada por la reforma por Ley 24/2005, de 18 de noviembre, el que le permite actuar contra las resoluciones dictadas por la DGRN, en la forma que concreta la sentencia de esta Sala de 20 de septiembre de 2011 (RC 278/2008), siempre que la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en la esfera jurídica del Registrador que la invoca por afectar a un derecho o interés del que sea titular; derecho o interés que no tiene que ver con la defensa objetiva o abstracta de la legalidad sino con el anuncio o amenaza de responsabilidad disciplinaria frente al registrador/a puesto que de no revisarse la causa que lo justifica en ningún caso vería tutelado su derecho en el expediente que se tramite, como la propia sentencia señala.

Se trata de una legitimación que deriva de una norma especial, que no solo no niega la legitimación pasiva sino que la reafirma desde el momento en que el interés sigue siendo el que se mantenga la legalidad y corrección de su calificación, de carácter civil y no administrativo, no frente a la DGRN, sino frente al particular que se considera perjudicado por la misma y que la impugna, frente al que puede incluso allanarse, rectificando su criterio anterior.

Es el registrador quien califica los documentos sometidos a su consideración bajo su exclusiva responsabilidad y con absoluta independencia de la DGRN, como actividad propia, con el resultado de inscribir el título o rechazar la inscripción. Es además el que defiende los intereses de los terceros, directa o indirectamente afectados por la inscripción, que están ausentes en todos los trámites del procedimiento, y que no pueden hacerlo personalmente, como garante de la legalidad registral y en suma del control de la contratación inmobiliaria en aras de la seguridad jurídica que precisa y exige el artículo 9.3 CE; todo lo cual justifica el interés legitimador puesto que se trata de funciones que no son asumidas por la DGRN, que no tiene esta posibilidad de control pues no ha sido parte en el procedimiento, ni existe expediente administrativo. Lo hace bajo su propia y personal responsabilidad (artículos 18, 99 y 100 LH), y como consecuencia de esa calificación resulta legitimado pasivamente ante los tribunales del orden jurisdiccional civil”.

« Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: “La demanda contra la calificación del registrador o de la registradora formulada en juicio verbal se deberá dirigir contra el registrador o de la registradora responsable de dicha calificación”.» Se estima el recurso de casación.

   

9. DURACIÓN DEL APROVECHAMIENTO POR TURNO. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 15 DE ENERO de 2015. Recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal Num. 961/2013

Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel

Votación y Fallo: 16/12/2014

   Materia: Derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Régimen transitorio de la Ley 42/1998 en cuanto a la duración del contrato.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

« I.- La Ley 42/1998, de 15 de diciembre, reguló las fórmulas distintas por las que se podía transmitir el derecho a utilizar un alojamiento durante un periodo de tiempo cada año, las cuales se venían denominando con el término multipropiedad, por más que, como decía en la exposición de motivos, significaban una división temporal del derecho al uso de un bien inmueble.

Intentó el legislador, además de transponer la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 - relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido -, dotar a la institución de una regulación completa, para lo que consideró capital decidir si debían admitirse cualquiera de las fórmulas creadas por la autonomía de la voluntad o si sólo era admisible la modalidad regulada por la Ley, dejando al margen de ésta todas las demás. Y optó por una vía intermedia, mediante la imposición de una detallada regulación del derecho real sobre cosa ajena y la admisión de la variante del arrendamiento por temporada, de modo que, fuera de esta alternativa, el legislador consideró cometido un fraude de ley y, además, que el negocio jurídico fraudulento era merecedor de la sanción de nulidad – artículo 1, apartado 7 -.

En la regulación establecida en la Ley tuvo una particular importancia la duración del régimen, determinada, en el artículo 3, apartado 1, entre tres y cincuenta años –“[…] a contar desde la fecha de inscripción del régimen jurídico o desde la inscripción de la terminación de la obra cuando el régimen se haya constituido sobre un inmueble en construcción”-.

Esa norma es completada por la de la disposición transitoria segunda, en la que el legislador se ocupó de los efectos de la nueva regulación sobre los llamados “regímenes preexistentes”, imponiendo la necesidad de adaptarlos a sus disposiciones, en el plazo de dos años – apartado 1 -.

Ciertamente, en el apartado 3 de dicha norma transitoria, tras imponer la adaptación al nuevo régimen, también en lo temporal – “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, todos los regímenes preexistentes tendrán una duración máxima de cincuenta años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley […]” -, se permitió la posibilidad de formular, en la escritura de adaptación, la “[…] declaración expresa de continuidad por tiempo indefinido o plazo cierto”.

Esta última alternativa, inspirada en el deseo de respetar los derechos ya adquiridos, es la que eligió Anfi Sales, SL, por cuanto declaró, de modo expreso en la escritura de adaptación, que su preexistente régimen seguiría teniendo una duración indefinida.

Sin embargo, la interpretación que la recurrente hizo y hace del referido apartado 3 de la disposición transitoria segunda, en el que se apoya, no es respetuosa con el sentido que resulta de la conexión sistemática del mismo con el apartado 2 de la propia norma transitoria, cuyo contenido aquel respeta en todo caso – “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior […]” - y según el cual toda titular – y, por tanto, también la ahora recurrente - que deseara, tras la escritura de adaptación, “comercializar los turnos aún no transmitidos como derechos de aprovechamiento por turno”, debería constituir “el régimen respecto de los períodos disponibles con los requisitos establecidos en esta Ley”, entre ellos, el relativo al tiempo, establecido en el artículo 3, apartado 1.

No lo hizo así la recurrente, amparándose en una norma que no le daba suficiente cobertura, por lo que, al comercializar, estando ya en vigor la nueva Ley, los turnos aun no transmitidos sin respetar el régimen temporal establecido en la norma del referido artículo, lo infringió, como en correcta interpretación del conjunto normativo declaró el Tribunal de apelación.

II.- La referencia que la recurrente hace a la regla “nemine licet adversus sua facta venire”, en un motivo en el que se denuncia la infracción de una norma transitoria de la Ley 42/1998, no permite modificar la conclusión de invalidez de los contratos a que llegó el Tribunal de apelación ni regular de manera distinta a la establecida en su sentencia el régimen de liquidación de las relaciones contractuales, razón por la que el segundo apartado del motivo debe ser desestimado, junto con el primero.» Se desestima el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal.

   

10. RESOLUCIÓN DE COMPRAVENTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. TS, SALA 1ª. Sentencia de PLENO DE 20 DE ENERO de 2015. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal Num. 196/2013

Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Votación y Fallo: 17/12/2014

   Materia: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968: Interpretación de su artículo 3 y, en particular, del término "rescisión". Se equipara a una resolución del contrato por incumplimiento del plazo de entrega de la vivienda por el vendedor. Rectificación del criterio de la Sentencia de 9 de junio de 1986.

   Doctrina jurisprudencial aplicable:

« Así, en primer lugar, sobre el carácter accesorio o, por el contrario, esencial de la obligación del promotor-vendedor de garantizar la devolución de las cantidades anticipadas por los compradores (arts. 1 y 2 de la Ley 57/68) es doctrina jurisprudencial reiterada que se trata de una obligación esencial mientras la vivienda no esté terminada y en disposición de ser entregada, de manera que su incumplimiento facultará al comprador para resolver el contrato e impedirá al vendedor resolverlo si el comprador no atiende los pagos parciales a cuenta del precio (SSTS de 25 de octubre de 2011, rec. 588/2008, 10 de diciembre de 2012, rec. 1044/2010, 11 de abril de 2013, rec.1637/2010, y 7 de mayo de 2014, rec. 828/2012).

En segundo lugar, se ha rechazado que el seguro de caución de las cantidades anticipadas por los cooperativistas de viviendas comprenda únicamente un denominado “Tramo I”, de compra de los terrenos para la edificación, declarándose por el contrario que asegurar el buen fin de la cooperativa es garantizar la terminación y entrega de las viviendas y, por tanto, la devolución a los cooperativistas, en otro caso, de las cantidades anticipadas (STS de 13 de septiembre de 2013, rec. 281/2013).

En tercer lugar, acerca del importe cubierto por el seguro, se ha declarado que comprende todas las cantidades entregadas a cuenta del precio, es decir, aunque la póliza de seguro establezca una cantidad máxima inferior, porque en otro caso se infringirían el art. 2 de la Ley 57/68 y el art. 68 de la Ley de Contrato de Seguro (STS de 3 de julio de 2013, rec. 254/2011).

En cuarto lugar, se ha interpretado el art. 1 de la Ley 57/68 en el sentido de que permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el vendedor y su aseguradora para exigirles solidariamente la devolución de las cantidades anticipadas y, también, dirigirse contra el avalista o el asegurador sin tener que demandar al promotor por incumplimiento (SSTS de 3 de julio de 2013, rec. 254/2011, y 7 de mayo de 2014, rec. 828/2012).

En quinto lugar, se ha declarado la responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad promotora, frente a los compradores, por el daño consistente en no haber podido estos recuperar las cantidades anticipadas por no haberse constituido la garantía correspondiente (STS de 23 de mayo de 2014, rec. 1423/2012).

En sexto lugar, aun rechazándose que el comprador pueda oponer en general la falta de inicio de la construcción al banco descontante de las letras de cambio aceptadas por el comprador para los pagos parciales a cuenta del precio de la vivienda, se ha declarado que el comprador sí puede reclamar al banco avalista o asegurador la suma total representada por dichas letras, incluso en el caso de que hubiera acordado con el mismo conformarse con un importe inferior y reclamar el resto al promotor, pues tal acuerdo sería nulo de pleno derecho por contravenir el carácter irrenunciable de los derechos que la Ley 57/68 otorga a los compradores (STS de 25 de noviembre de 2014, rec.1176/2013).

3ª) Pues bien, avanzando en la misma línea procede declarar ahora que el incumplimiento por el vendedor del plazo estipulado para la terminación y entrega de la vivienda justifica, conforme al art. 3 de la Ley 57/68, la resolución del contrato a instancia del comprador, siempre que, como resulta de la sentencia del pleno de esta Sala de 5 de mayo de 2014 (rec. 328/2012), el derecho a resolver se ejercite por el comprador antes de ser requerido por el vendedor para el otorgamiento de escritura pública por estar la vivienda ya terminada y en disposición de ser entregada aun después de la fecha estipulada para su entrega.

Lo anterior significa que el art. 3 de la Ley 57/68 introduce, en los contratos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, una especialidad consistente en que el retraso en la entrega, aunque no sea especialmente intenso o relevante, constituye un incumplimiento del vendedor que justifica la resolución del contrato por el comprador. Esta especialidad, a su vez, determina que en el ámbito especial regulado por la Ley 57/68 no sea aplicable la doctrina jurisprudencial que, interpretando la norma de ámbito general del art. 1124 CC, considera que el retraso de una parte contratante en el cumplimiento de sus obligaciones no constituye, por regla general, un incumplimiento de tal grado que justifique la resolución del contrato a instancia de la otra parte contratante.» Se desestima el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal.

 

11. RETASACIÓN PARA SUBASTA. AP DE VALENCIA, SECCIÓN 6ª. AUTO de 14 de octubre de 2014. ROLLO DE APELACIÓN Nº 352/2014

Ponente Ilmo. Sr. D. Vicente Ortega Llorca

Votación y Fallo: 13/10/2014

   Materia: Suspensión de ejecución hipotecaria fundada en la necesidad de aportación de tasación previa. Consideración de la retroactividad de la Ley 1/2000, tras la modificación operada por la Ley 1/2013 en su artículo 682, con precisa referencia a ejecuciones hipotecarias incoadas tras la entrada en vigor de la referida norma cuyo título sea una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada antes de la antedicha reforma, toda vez que hasta la reforma introducida por esa disposición, el artículo 682 LECiv establecía, como requisitos específicos para acceder al proceso de ejecución hipotecaria, que en la escritura de constitución de la hipoteca constasen los siguientes extremos:1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta. 2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.”

   Doctrina:

« debemos resaltar hoy que la Ley 1/2013, de 14 de mayo, impulsada e inspirada por la STJUE de 14 de marzo de 2013, respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, proclama desde el frontispicio de su denominación que la finalidad es “reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, y explica en el primer párrafo de su preámbulo que “las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios.”

“… para lograr ese designio, la ley adopta medidas tan excepcionales como:

La modificación del artículo 682 LEC, exigiendo en la ejecución sobre bienes hipotecados:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.”

La cuestión que se nos plantea alude a la posibilidad, o no, de aplicar esa nueva redacción a los juicios hipotecarios incoados después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, cuyo título sea una escritura otorgada antes de ésta, pues hasta la reforma introducida por esa disposición, el artículo 682 LEC establecía como requisitos específicos para acceder al proceso de ejecución hipotecaria que en la escritura de constitución de la hipoteca constase:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta.

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.”

Para decidir sobre tal cuestión es necesario partir del principio general contenido en el artículo 2. 3 CC que establece que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”, reflejo del cual es el artículo LEC que dispone que “salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.” Sin embargo, es también obligado tener presente que, de un lado, la Ley 1/2013 contiene disposiciones transitorias entre las cuales, la primera dice: “Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento”. Y la cuarta especifica que: “Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar”. Esas dos disposiciones transitorias implantan con carácter general la retroactividad de la Ley, que extiende su aplicación a todos los procesos de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, lo que necesariamente supone que se ha de aplicar a todos los procesos de ejecución hipotecaria que ni siquiera se hubieren iniciado a la entrada en vigor de la Ley, salvo que les fuera aplicable alguna de las excepciones recogidas en las demás disposiciones transitorias, como la que afecta a la limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual -Disposición transitoria segunda-.

Aquel designio tuitivo del deudor hipotecario, que impregna y justifica la Ley 1/2013, no permite una interpretación restrictiva de sus preceptos que, sin mandato legal, reduzca su ámbito de aplicación mediante excepciones no contenidas en su texto, que reduzcan el amparo que la ley otorga al deudor hipotecario, no satisfaría las exigencias hermenéuticas que impone la finalidad protectora que la propia ley proclama.

Naturalmente, en las ejecuciones hipotecarias en las que la escritura de hipoteca no cumpla las exigencias establecidas en el art. 682.2.1ª LEC, la tutela judicial impide que se compela a la ejecutante, sin más, a acudir al juicio declarativo (art. 552 párrafo tercero) o al proceso de ejecución ordinario (art. 517.2.4º), sino que lo procedente es darle la oportunidad de subsanar el requisito de la acreditación de que el importe del valor de tasación señalado para que sirva de tipo a la subasta de la finca no es inferior al 75 % del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, y sólo cuando la ejecutante haya dejado pasar esa oportunidad sin dar cumplimiento a tal exigencia legal, procedería denegar el despacho de ejecución y acordar el archivo del procedimiento de ejecución hipotecaria.

En definitiva, como eso fue lo ocurrido en el caso estudiado, procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado”.

   El mismo criterio es seguido por las resoluciones siguientes:

AAP, de La Coruña, Sección 1ª del 25 de febrero de 2014 (ROJ: AAP CO 52/2014).

AAP, de La Coruña, Sección 3ª del 13 de enero de 2014 (ROJ: AAP CO 56/2014).

AAP, de La Coruña, 1ª del 10 de enero de 2014 (ROJ: AAP CO 22/2014).

AAP, Civil Sección 1ª del 10 de octubre de 2013 (ROJ: AAP CC 28/2013).

AAP de Valencia, Sección 6ª del 9 de mayo de 2014, recurso 181/2014, ponente doña María-Eugenia Ferragut Pérez.

Un criterio diverso, favorable a la no aplicación retroactiva de la norma en los términos expuestos es el acogido por las resoluciones que a continuación se refieren:

AAP de Valencia, Sección 9, del 6 de marzo de 2014.

AAP, de Pontevedra, Sección 1ª del 21 de enero de 2014 (ROJ: AAP PO 3/2014).

AAP, de Barcelona, Sección 19ª del 18 de diciembre de 2013 (ROJ: AAP B 742/2013).

 

12. RENEGOCIACIÓN OBLIGADA DEL INTERÉS POR CRISIS ECONÓMICA. AP DE MALLORCA, SECCIÓN 3ª. SENTENCIA de 25 de JULIO de 2014. ROLLO DE APELACIÓN Nº 108/2014

Ponente Ilma. Sra. Dña. Catalina Mª Moragues Vidal

Votación y Fallo: 17/06/2014

   Materia: Aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” a la estipulación contractual relativa al tipo de interés remuneratorio variable pactado en el contrato de préstamo garantizado con hipoteca para la adquisición de vivienda familiar, con la consiguiente modificación de la cuota mensual de amortización. Con estimación parcial del recurso de apelación planteado, se acuerda la procedencia de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.

La demandante suscribió el contrato de préstamo hipotecario en febrero de 2004. Desde entonces, resultó despedida de su trabajo y convive en la vivienda con sus dos hijos, desempleados, y un nieto. La entidad demandada instó la ejecución hipotecaria a principios de 2012, unos meses después de que la demandante dejara de pagar las cuotas. La sentencia valora la alteración que la crisis económica ha producido en el mercado de trabajo y sus consecuencias en el caso concreto objeto de litigio, específicamente el hecho de que la litigante y sus dos hijos estén en situación de desempleo, con un menor a su cargo, y que dicha alteración no pudo ser prevista por la demandante, como tampoco lo fue por las instituciones económicas. Se razona que, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos que normativizan los efectos de la alteración de la base del negocio, en España no se dispone de un mecanismo jurídico semejante que expresamente permita modificar el contenido de las obligaciones a la luz de cambios imprevisibles de influencia en las condiciones previstas inicialmente. Por ello, el Tribunal recurre a los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PECL) como criterios interpretativos, aunque no tengan carácter vinculante.

La Audiencia Provincial obliga a la entidad de crédito a renegociar el contrato de préstamo hipotecario suscrito con un particular, al declarar procedente la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, por la que se reconoce una alteración sustancial de la situación particular de la demandante en el momento en que firmó el contrato, derivada de la crisis económica, estimando en parte el recurso de apelación presentado por un particular, cuya condición de consumidor no resulta cuestión controvertida, declarando procedente la aplicación de la citada cláusula y concediendo a las contratantes un plazo de treinta días, a partir de la firmeza de la sentencia, para la renegociación del tipo de interés remuneratorio variable previsto en el contrato de préstamo hipotecario concertado entre los litigantes. En dicho plazo, las partes contratantes podrán adaptarlo de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de circunstancias se distribuyan entre las partes de manera equitativa y justa. 

  

13. NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA DE OPCIÓN MULTIDIVISA CON SUBSISTENCIA DEL PRÉSTAMO. JPI Nº 44 DE BARCELONA. SENTENCIA de 17 de DICIEMBRE de 2012. PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 511/2012

Ponente Ilmo. Sr. D. Francisco de Paula Puig Blanes

   Materia: Análisis de la validez de parte del contenido de la escritura de préstamo multidivisas con garantía hipotecaria aportada como documento de la demanda y suscrita en fecha 27 de noviembre de 2007. El objeto de la causa es el análisis de una hipoteca con opción multidivisa en la que el préstamo se concede en una moneda distinta al euro (en este caso el yen japonés) y en la que, en orden a su devolución, el prestatario puede escoger una moneda diferente a aquélla en la que se le concedió el préstamo (en este caso yens) o euros como divisa con la que devolver los pagos al banco. A través de la indicada figura, quien obtiene un préstamo hipotecario puede desenvolver el mismo en una moneda cuyos tipos de interés pueden ser diferentes (lo que se busca es que sean inferiores) a los establecidos para el euro (de ahí que los diferenciales de tipos de interés sean superiores - en este caso de 1,44 frente a 1,04); incluso puede cambiar la divisa en que se hace efectivo el préstamo (con el cambio correspondiente de los tipos de interés), si bien ello comporta la necesidad de adquirir esta divisa con los costes a ello asociados. La resolución de referencia declara nula por primera vez la cláusula multidivisa de los préstamos hipotecarios al considerar que este producto es tan complejo que exige un nivel de información previo a los clientes que no se ha dado, y en tal sentido considera que la ausencia de una información previa a la suscripción de la escritura con esta cláusula dirigida a la persona que la contrató justifica su nulidad.

   Doctrina:

“…en el presente caso se llega a la conclusión de entender nulo parte del contrato y en concreto la opción multidivisa y el hecho de haberse otorgado el mismo en yens japoneses, siendo válido en todo lo restante.

En cuanto a los efectos de ello derivados, la parte actora pide que se recalcule el capital que se adeuda una vez descontadas las amortizaciones e intereses pagados tal y como sería un préstamo absolutamente normal que se liquida en moneda propia del país en el que se celebra el contrato.

Lo anterior implica que lo que se solicita es una nulidad parcial de un negocio, pues se interesa se mantenga la vigencia del préstamo como si hubiere suscrito en euros desde un inicio.

La figura de la nulidad parcial es algo que la jurisprudencia admite cuando el defecto generante de dicha forma de invalidez recae sobre un elemento accesorio o que no alcance a la esencia del negocio (STS 4.12.1986; 12.11.1987). Esa limitación obedece a que los tribunales no pueden sustituir la voluntad de las partes, de modo que no pueden mudar lo querido por los otorgantes cuando eso querido es inválido en su esencia, porque tal forma de proceder sería sustituir la voluntad autónoma y libre de las partes. La anulación parcial se permite cuando afecta a lo accidental, porque se entiende que, si se suprime algo no esencial, no se está contrariando de forma sustancial la voluntad de los autores del negocio y que, en tales casos de anulación parcial, lo que se conserva fue lo querido, aunque con una variación que no altera la realidad del respeto a la esencia de lo querido”.

“En este caso, la nulidad interesada afectaría al hecho de haberse contraído el préstamo en una divisa extranjera (yen) y a la posibilidad de ir mudando el abono de los diferentes vencimientos del préstamo en euros u otras divisas, lo que afectaría asimismo al tipo de interés aplicable.

En cuanto a la esencialidad de este dato en la operación analizada, es de señalar que lo que se prestaba era un monto en yens equivalentes a una cantidad en euros para adquirir un inmueble en España. Esta suscripción del contrato en yens con la opción multidivisa es la que no se considera correcta por el vicio en el consentimiento.

En cuanto a la esencialidad de tal circunstancia y si ello debe generar los efectos de una nulidad total (art 1.303 CC) o si por el contrario no se estima esencial y cabe mantener la vigencia del contrato como si se hubiere suscrito en euros desde un inicio y aplicando los intereses correspondientes a esta moneda, es de destacar que el contrato aquí analizado tiene por fundamento básico el haber sido concedido en una divisa extranjera aplicándose los tipos de interés a ella asociados, con posibilidad de cambio de la misma de forma que el prestatario pudiere valorar si era de interés mantener la inicial o cambiar ésta por otra (en base a tipos de cambio y de interés)”.

De hecho y aún cuando no es un elemento básico para llegar a esta conclusión la propia escritura se titula "escritura de préstamo en multidivisas con garantía hipotecaria".

Ante esta conclusión de estimarse esencial al contrato el hecho de suscribirse el mismo en yens con opción multidivisa, ello hace que los efectos que se considera deben operar son los de una nulidad absoluta. Tales efectos no han sido los solicitados directamente y ello plantea la cuestión de si una declaración de estos efectos podría suponer una incongruencia y en concreto una incongruencia «extra petita» que sólo opera cuando se decide al margen de lo suplicado, al conceder algo distinto de lo impetrado judicialmente (STS 19.05.1991; 20.04.1993 entre otras).

En este caso, la propia demandante alude a una nulidad cuya calificación como absoluta o relativa se estima ser una cuestión jurídica a cuya valoración está obligado el tribunal. Es en base a esta valoración que se llega a la conclusión de ser el presente caso de nulidad absoluta, aplicando en base a ello el efecto que viene determinado por la ley para tal supuesto. Ello implica que se estime que el hacer operativos los efectos de la nulidad absoluta no se considere entre en incongruencia, ya que lo que hace no es sino aplicar el efecto fijado por la ley.

Ello hace que se estime la demanda presentada si bien con los efectos "ex tunc" a ello inherentes (art. 1.303 CC)”.

En este mismo ámbito y sentido debe tenerse en cuenta la referencia a las resoluciones siguientes:

Sentencia del TJUE de 30 de Abril de 2014, que se pronuncia sobre la abusividad de la hipoteca multidivisa, y en la que se establece la exigencia de que las cláusulas contractuales se deban redactar de manera clara y comprensible, entendiéndose como una obligación no sólo que sean claras y comprensibles gramaticalmente para el consumidor, sino también que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera a que se refieren las cláusulas, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas de su cargo.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 97 de Madrid de 4 de Febrero de 2013, en la que se declara que la hipoteca multidivisa integra un producto que contiene unos riesgos muy destacados que deben de estar identificados claramente para que el cliente entienda de manera correcta lo que supone suscribir una hipoteca en una divisa diferente a la natural y con un tipo de interés también diferente al de referencia más habitual.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 31 de Madrid de 2 de Abril de 2014, que declara la nulidad de la cláusula del yen japonés de una hipoteca multidivisa, de manera que la deuda pendiente de pago del préstamo hipotecario no se ve incrementada por el cambio de divisa, dado que no consta que se informara y advirtiera de que el préstamo ofrecido estuviera relacionado con instrumentos y operaciones que implicasen riesgos esenciales, tales como que el precio convenido se incrementaría de manera significativa debido a la fluctuación en los mercados financieros de las divisas, debiendo entenderse que se ha producido quebranto de la buena fe contractual en perjuicio del consumidor.

  

14. FACULTAD DE IR AL JUICIO ORDINARIO EN LA EJECUCIÓN. JPI Nº 3 DE ARRECIFE. AUTO de 21 de MARZO de 2013. PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 511/2012

Ponente Ilmo. Sr. D. Jerónimo Alonso Herrero

   Materia: Suspensión del despacho de ejecución hipotecaria en virtud de la doctrina dictada por el TJUE sobre los desahucios, y ante la inminente celebración de la subasta de los bienes inmuebles objeto del procedimiento. Aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, que declara que la Directiva 93/13/CE se opone a una normativa que no admita, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, formular motivo de oposición basado en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento del título ejecutivo. Interpretación de la norma europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados por consumidores. El procedimiento de ejecución no permite al consumidor articular debidamente sus intereses ni posibilidades de defensa, por lo que debe concedérsele la posibilidad de instar un procedimiento ordinario para articular las causas de oposición que considere, archivándose la ejecución, o bien continuar con el procedimiento ejecutivo sin perjuicio del control de oficio de las cláusulas abusivas que pudieran existir en el contrato de préstamo suscrito, por ser ésta la única vía para poder alcanzar los objetivos señalados en la Directiva.

El Juzgado de Instancia dicta Auto resolviendo suspender la ejecución hipotecaria despachada a instancia de la entidad bancaria, requiriendo al ejecutado para que en el plazo de veinte días indique si se opone a la continuación de la causa e insta que las pretensiones de la parte ejecutante se hagan valer a través del juicio ordinario, a fin de articular en dicha sede las causas de oposición que considere, en cuyo supuesto procederá el archivo de la ejecución iniciada, o bien si consiente la prosecución del procedimiento de ejecución ya incoado y en trámite.

   Doctrina:

“…no cabe sino concluir que el presente procedimiento de ejecución hipotecaria no ha permitido al consumidor articular debidamente sus intereses pues sus posibilidades de defensa han sido limitadas por la aplicación de la tramitación procesal establecida en los  artículos 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, en tales condiciones, el control de oficio de las cláusulas analizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha podido verificarse en los términos establecidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de fecha 14 de junio de 2012 y en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de fecha 26 de abril de 2012. La anterior conclusión determina que deba concederse al consumidor la facultad instar que las pretensiones de la parte ejecutante se hagan valer a través del juicio ordinario, para en dicha sede articular las causas de oposición que tenga por conveniente, en cuyo caso, se archivará la presente ejecución, o bien, consentir la continuación del procedimiento de ejecución que se encuentra en trámite, sin perjuicio del resultado del control de oficio de las cláusulas abusivas que puedan existir. Los anteriores pronunciamientos constituyen el único medio para alcanzar los resultados pretendidos por la Directiva 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993”.

  

15. CLÁUSULA ABUSIVA DE INTERESES DE DEMORA: MODERACIÓN. JPIEI Nº 5 DE CÁCERES. AUTO de 23 de ENERO de 2015. PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 136/2014

Ponente Ilmo. Sr. D. Joaquín González Casso

   Materia: Ejecución hipotecaria. Carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios. Doctrina del TJUE. Imposibilidad de moderar o integrar la cláusula por el juez nacional. Interpretación de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo.

La resolución ahora considerada acuerda estimar la oposición formulada por los ejecutados a la liquidación de intereses presentada por la ejecutante y declara la nulidad, por su carácter abusivo, de la cláusula que fijaba unos intereses moratorios superiores en diez puntos porcentuales al interés remuneratorio vigente al producirse la demora y de la cláusula de cálculo de dichos intereses moratorios en el que se utilizaba el año comercial de 360 días y no el año natural. Y ello en aplicación de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, por cuya virtud si una cláusula se considera abusiva, el juez nacional no puede moderarla o adaptarla para que deje de serlo, sino que la misma es nula de pleno derecho y no debe aplicarse. Doctrina que ha determinado la modificación operada por Ley 3/2014, de 27 de marzo del artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, eliminando dicha facultad moderatoria, y estableciendo que las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. En el supuesto sometido a la consideración del Juzgador, constaba reclamada en la liquidación de intereses una partida por intereses moratorios liquidados al 13,586%, respecto de la que se declara su nulidad de pleno derecho, en cuanto que la cláusula no han sido negociada individualmente y el interés aplicado resulta desproporcionadamente alto en relación con el interés legal del dinero vigente en España, rechazándose recalcular dichos intereses y reducirlos al 12% (el triple del interés legal del dinero), como parece autorizar la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, toda vez que con dicha práctica se vulneraría la doctrina del TJUE, en cuya Sentencia de 21 de enero de 2015 se reitera la obligación de los jueces nacionales de dejar de aplicar una cláusula contractual abusiva, y se declara que la mencionada disposición transitoria no colisiona con la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, puesto que no impide que los jueces puedan dejar de aplicar una cláusula cuando sea abusiva. De manera que, en el supuesto de que el interés de demora sea superior al triple del interés legal del dinero, la citada sentencia declara que "tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora (recalcular los intereses al triple del interés legal del dinero), extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula".

En definitiva, no cabe declarar la abusividad de una cláusula y simultáneamente recalcularla al triple del interés legal pues si se declara la nulidad por abusiva de la cláusula, la consecuencia inmediata es tenerla por no puesta y, por consiguiente, dejar de aplicarla. Y así, en el supuesto enjuiciado, declarada la abusividad de la cláusula de intereses moratorios, no resulta admisible recalcular la cantidad debida en tal concepto, sino descontarla del montante por el que se acuerda el despacho de ejecución debiendo la parte ejecutante presentar nueva liquidación de intereses para cuyo cálculo deberá aplicar el interés legal incrementado en dos puntos (art. 576 LECiv) a partir de la fecha del auto por el que se acuerda despachar ejecución y hasta la fecha de la subasta.

   RESOLUCIONES CONEXAS:

En el mismo sentido A AP Castellón, Sección 3ª, de 18 de diciembre de 2014.

  

16. CONDENA A EMITIR DECLARACIÓN DE VOLUNTAD, INNECESARIEDAD DE ESCRITURA PÚBLICA. JPI Nº 2 DE DENIA. AUTO de 19 de ENERO de 2015. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL Nº 423/2014

Ponente Ilma. Sra. Dña. Carolina del Carmen Castillo Martínez

   Materia: Ejecución de sentencia condenatoria a la emisión de una declaración de voluntad de conformidad con la previsión contenida en el artículo 708 de la LECiv. Innecesariedad del otorgamiento de escritura pública cuando en la resolución judicial constan todos los requisitos exigidos por los artículos 9 de la LH y 51 de su Reglamento a los efectos de su ingreso en el Registro de la Propiedad, y la escritura no es exigida por el ordenamiento como forma constitutiva.

   Doctrina:

La emisión de una declaración de voluntad integra una condena de hacer que emana como consecuencia necesaria de la constatación de la existencia de una válida promesa de comprar o vender, toda vez que el antedicho es el único supuesto de precontrato expresamente regulado por nuestro Derecho positivo (cfr. art. 1451 del CC). Dicho lo cual, debe significarse que el ámbito aplicativo del precepto contenido en el precitado artículo 708 de la LECiv no queda constreñido al supuesto de condena a la emisión de una declaración de voluntad prevista para el caso de incumplimiento de un precontrato (constatada la circunstancia de que las partes hayan previsto la concurrencia de todos los elementos esenciales del negocio jurídico proyectado, circunstancia que determina el que dicho contrato pueda tenerse por perfeccionado desde el punto de vista del ordenamiento), sino que la norma resulta de aplicación igualmente a las condenas a elevar a escritura pública el contrato ya formalizado en un documento privado (al respecto, de manera ordinaria se trata de un contrato de compra y venta –art. 1445 y ss del CC, constituyendo éste el supuesto estadísticamente más frecuente).

Pues bien, entre las hipótesis contempladas por el artículo 708 de la LECiv, cuando el precontrato contiene todos los elementos necesarios (esenciales y accidentales) para la perfección del contrato proyectado, necesaria para determinar el momento en que surgen las obligaciones entre las partes contratantes ya que sabido es que la perfección de los contratos integra el presupuesto imprescindible para su validez y eficacia (cfr. arts. 1258 y 1262 del CC), el párrafo primero del precepto declara que en el caso de que una resolución judicial o arbitral firme condene a la emisión de una declaración de voluntad, transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 548 de la Ley procesal sin que haya sido emitida la declaración de voluntad a que ha sido condenado el ejecutado, el Tribunal competente, por medio de resolución motivada que en este caso deberá adoptar la forma de auto, resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, si estuvieren predeterminados todos los elementos esenciales del negocio jurídico en cuestión, esto es, el contrato proyectado por las partes y que los contratantes habrían llegado a consumar de no haber quebrado la observancia del compromiso contraído por parte de aquél al que ha habido que condenar para que cumpliera (forzosamente) con aquello a lo que se había obligado. Y, emitida de la manera prescrita en el precepto la declaración que debiera haber emitido el contratante incumplidor, el ejecutante podrá interesar del Secretario Judicial responsable de la ejecución, con testimonio del auto dictado, la emisión de mandamiento de anotación o inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, según el contenido y objeto de la declaración de voluntad.

Sin duda, la cuestión nuclear que plantea la norma ahora considerada se localiza en la determinación de la necesidad del otorgamiento de escritura pública de compraventa, alternativa a considerar que el auto dictado en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 708 de la LECiv es título suficiente para causar la inscripción, toda vez que dicha resolución participa de la misma naturaleza pública por constituir un documento público (al igual que la escritura otorgada con intervención del fedatario) y que, además, el consentimiento de la parte demandada consta previamente prestado por haber sido suplido, ante la indolencia del obligado, por la emisión del indicado auto judicial. Y la duda surge por cuanto que el párrafo segundo del artículo 708.1 de la LECiv exige la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de los actos y negocios jurídicos.

Sentado cuanto antecede, y atendido el sentido y alcance de la reforma operada en el precepto ahora considerado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial, esta proveyente considera que el tenor de la norma contenida en el artículo 708 de la LECiv debe ser interpretado en el sentido de que el requisito alusivo a la exigencia del otorgamiento de escritura pública debe entenderse referido a la necesidad de cumplir la forma esencial del negocio jurídico en cuestión, es decir, de manera exclusiva en aquellos supuestos en los que el ordenamiento impone una forma “ad sustantiam” o “ad solemnitatem” (vgr. escritura pública de constitución de una sociedad civil a la que se aporten bienes inmuebles –cfr. art. 1667 del CC-, o bien en el caso de la constitución de las sociedades mercantiles), toda vez que en nuestro Derecho rige el principio de libertad de forma salvo contadas excepciones (a saber, derecho de hipoteca, que siempre “nace” dentro del Registro, o de constitución de un derecho de superficie) y que, además, en aplicación de la doctrina que nos rige para la transmisión y adquisición del dominio –y demás derechos reales- no se precisa el requisito del otorgamiento de la escritura pública sino tan sólo la concurrencia de “titulus adquirendi” y de “modus adquirendi” (cfr. art. 609 del CC), si bien la necesidad del documento público aparece demandada por la previsión de ingreso tabular del acto transmisivo y dicha función resulta cumplida mediante la presentación de un documento público, si bien en este supuesto el mismo no es notarial sino judicial. Es por lo que no resulta necesario atender a requisito alguno de forma en supuestos como el contemplado en esta causa, pues el mismo no se incardina en la excepción a que el precepto se refiere y, de esta manera, en concreto, no sería necesario cumplir con forma alguna en el contrato de compraventa, pues el negocio jurídico existe sea cual sea la forma en que el mismo se haya formalizado, atendida en el caso que os ocupa la concurrencia de todos los elementos necesarios para su válida perfección.

 En consecuencia y en atención a lo precedentemente argumentado, considera esta juzgadora que lo expuesto avala la directa inscripción del presente Auto y su inmediato ingreso en el Registro de la Propiedad que corresponda a los efectos de que el acto jurídico a que el mismo se refiere encuentre su correspondiente reflejo tabular, con todas las consecuencias protectoras que se derivan de su protección por la fe pública registral.

   RESOLUCIONES CONEXAS:

A AP Madrid, Sección 10ª, de 1 de julio de 2009, nº de recurso 286/2009, Ponente: Ilmo. Sr. D. Ángel Vicente Illescas Rus (el F. Jco 6ª de esta resolución plantea la misma cuestión y apunta otras dificultades interpretativas de ese precepto).

  

17. NO ES NECESARIO SUBSANAR LA TITULARIDAD DE SOCIEDAD NACIDA POR SEGREGACIÓN PARA PROMOVER EJECUCIÓN. AP DE VALENCIA, SECCIÓN 9ª. AUTO de 14 de MAYO de 2013. ROLLO DE APELACIÓN Nº 75/2013

Ponente Ilma. Sra. Dña. Rosa María Andrés Cuenca

Votación y Fallo: 17/06/2014

   Materia: Ejecución hipotecaria. Necesidad de subsanación de la titularidad registral del ejecutante en orden a la admisión de la demanda ejecutiva. Diferencia de supuestos según se trate de una entidad bancaria que surge de una fusión por absorción y una entidad de nueva creación, en cuyo caso no es exigible la antedicha subsanación.

   Doctrina:

 “El recurso de apelación ha de ser estimado.

Como hemos declarado en reciente Auto de 25 de marzo de 2013 (Rollo 941/2012. Pte. Sr. Caruana Font de Mora) y reiterado en auto de 3 de Abril (rollo 896/12).

“A diferencia de otros supuestos enjuiciados por esta Sala (así en el caso de BANCO CAM SAU por el Auto de 4/2/2013 (Rollo 825/2012) y en caso de Bankia, Auto de 5/3/2013 (Rollo 890/2012), en el presente supuesto, nos encontramos que cuando la acción de ejecución hipotecaria se plantea lo es por la entidad titular del crédito hipotecario, Banco Pastor SA, a cuyo favor consta inscrita la carga real en el Registro de la Propiedad, por lo que su legitimación cuando se inicia la litispendencia es indudable e irrefutable.

Durante el procedimiento Banco Pastor SA extingue su personalidad y por ende capacidad, pues no otro es el efecto jurídico que produce la fusión por absorción de acuerdo con el artículo 23-2 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de la Sociedades Mercantiles. Es más, el Juzgado de Primera Instancia reconoció tal pérdida de capacidad y admitió la sucesión procesal, pues resulta evidente que no puede sostenerse proceso con litigante o parte carente de capacidad (artículo 6 y 9 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

El Juzgador de oficio y con posterioridad entendió que Banco Popular Español SA para poder seguir en el proceso debe inscribir la “cesión” del crédito hipotecario, y en este punto estimamos erróneo el criterio del Juzgador pues no existe la figura jurídica de cesión de crédito (que si concurre en los supuestos antes referidos enjuiciados por esta Sala, determinantes de que quien cede el crédito hipotecario sigue manteniendo su personalidad y es la entidad que figura registralmente como titular de la carga real cuando entabla la acción hipotecaria y el cesionario accionante no inscribe en el Registro de la Propiedad tal cesión) sino que concurre una extinción de la personalidad del inicial acreedor ejecutante que aparece en el Registro al estar absorbida por Banco Popular Español SA que no es cesionario del crédito sino sucesor universal (artículo 23-2 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles). Es decir, nos encontramos ante un acreedor hipotecario que es el único legitimado para continuar la acción entablada por la sociedad extinta, razón por la que resulta innecesaria la exigencia de inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de “fusión por absorción” para el ejercicio de la presente acción, pues amen de no estar exigido en los preceptos legales hipotecarios indicados por el Auto del Juzgado Primera Instancia (el artículo 149 de la Ley Hipotecaria refiere a la cesión que no es el caso ahora contemplado y el artículo 145 de igual texto legal carece de incidencia pues la hipoteca que se ejecuta está inscrita en Registro), es criterio sentado por el Tribunal Supremo, que no es necesario o constitutiva tal inscripción en esta clase de operaciones como muestra la sentencia de 29/6/1989 al enjuiciar un supuesto de disolución societario con subrogación total en el contenido patrimonial y obligacional.

La cita jurisprudencial en la recurrida de los Autos de la AP Castellón de 12/2/2012 y 24/7/2012 resulta inaplicable al presente caso toda vez que refiere a otra entidad bancaria (Bankia) con un proceso de cesión societaria diferente al presente y en tal línea y referente a la misma entidad para igual clase de acción esta Sala comparte tal criterio, pero en nada semeja al que ahora se enjuicia.”

En auto dictado el 16-4-13, en rollo de apelación 68/13 decíamos, en cuanto a CAJAS RURALES UNIDAS, lo que sigue:

“El criterio que resulta del auto transcrito es de aplicación al presente caso, en que no nos hallamos, propiamente, ante fusión por absorción, sino ante la fusión de dos entidades que constituyen una nueva que absorbe los derechos y obligaciones de ambas, habiéndose presentado la demanda por la nueva sociedad constituida, tras la extinción de las anteriores. Así resulta de Boletín Oficial del Registro Mercantil, núm. 17 de 25 de enero de 2012, BORME-C-2012-1179, que recoge, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y hace público para general conocimiento, lo siguiente: “Las Asambleas Generales de socios de "Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito" y "Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito", debidamente convocadas en tiempo y forma, aprobaron ambas por unanimidad -contando por tanto en ambos casos con la mayoría legalmente prevista- en sus reuniones celebradas el 17 de enero de 2012, la fusión de ambas entidades mediante su disolución sin liquidación y creación de una nueva Sociedad Cooperativa de Crédito, cuya denominación social será "Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito". Una vez quede finalizado el proceso de fusión, "Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito" sucederá a las entidades disueltas, a título universal en la totalidad de los derechos y obligaciones que les son propios, en función de los respectivos balances de fusión, especialmente formulados al efecto y cerrados a 30 de septiembre de 2011, encontrándose debidamente auditados por el auditor de cuentas de ambas entidades”.

El supuesto que ahora se examina guarda notables analogías con el precedentemente citado, por cuanto tal y como afirma la parte recurrente y resulta del examen de los datos obrantes en FROB y en los distintos registros a los que se ha conferido la pertinente publicidad, NOVACAIXAGALICIA surgió de la fusión de CAIXA NOVA y CAIXA GALICIA. Comenzó su actividad en 1/12/10 con la nueva denominación y signos tras la inscripción en el RM de A Coruña, habiéndose aprobado los Proyectos de integración de ambas cajas por sus respectivas asambleas generales en 18/10/10, tras un proceso de integración por fusión iniciado en 28 de Junio anterior por los consejos de administración de ambas cajas, con la intención de completarlo con un reforzamiento de los recursos propios. El Proyecto de fusión de  7 septiembre de 2010, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 3/2009 culminó en la integración de ambas entidades, sin liquidación, en una sola entidad de nueva creación que asumiría a título universal los derechos y obligaciones de ambas cajas. En 29/11/11 se otorga escritura de fusión de ambas entidades en la nueva NOVACAIXAGALICIA, que posteriormente aprobó la segregación de todos los activos, pasivos, derechos, obligaciones y expectativas que integraban el patrimonio afecto a su actividad financiera a favor del banco ejecutante, en unidad de acto con la constitución del banco. El consejo de administración de Novacaixagalicia así lo había acordado en 16-6-11. Se elige como forma de operación la de la segregación, conforme los artículos 68 y 71 LME. A cambio, la entidad NOVACAIXAGALICIA recibe la totalidad de acciones del banco, transmitiendo, por su parte, la totalidad de activos y pasivos, en el sentido más amplio posible, salvo activos y pasivos afectos a la obra benéfico-social de Novacaixagalicia y los del Monte de Piedad.

Por tanto, puesto que la entidad ejecutante proviene de la segregación del patrimonio íntegro afecto a la actividad financiera de la caja resultante de la fusión de las dos precedentes, una de ellas la titular de la hipoteca objeto de ejecución, estamos, sin duda, a un supuesto de fusión y conversión en una nueva entidad, con asunción de derechos y obligaciones de ambas, patrimonio financiero que se transmite a la entidad NCG Banco aquí ejecutante, por lo que procede la estimación del recurso y la revocación de la resolución recurrida, debiendo el Juzgado examinar los restantes requisitos para despacho de ejecución, con exclusión obviamente, del aquí analizado”.

    RESOLUCIONES CONEXAS:

-A favor de la exigibilidad de la subsanación de la titularidad registral de le ejecutante cuando su identidad no resulta coincidente con la del acreedor hipotecario que consta en la escritura de constitución de la hipoteca.

A AP Castellón, Sección 3ª, de 12 de julio de 2012, recurso de apelación nº 428/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Marco Cos.

A AP Valencia, Sección 9ª, de 4 de febrero de 2013, recurso de apelación nº 825/2012. Ponente: Ilma. Sra. Dña. Mª Antonia Gaitón Redondo.

A AP Valencia, Sección 9ª, de 11 de marzo de 2013, recurso de apelación nº 899/2012. Ponente: Ilma. Sra. Dña. Mª Antonia Gaitón Redondo.

A AP Valencia, Sección 9ª, de 25 de marzo de 2013, recurso de apelación nº 941/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Caruana Font de Mora.

A AP Valencia, Sección 9ª, de 27 de marzo de 2013, recurso de apelación nº 875/2012. Ponente: Ilma. Sra. Dña. Purificación Martorell Zulueta.

A AP Valencia, Sección 6ª, de 23 de enero de 2015, recurso de apelación nº 576/2014. Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Eugenia Ferragut Pérez.

-En contra de la exigibilidad de la subsanación de la titularidad registral de le ejecutante cuando su identidad no resulta coincidente con la del acreedor hipotecario que consta en la escritura de constitución de la hipoteca.

A AP Alicante, Sección 6ª, de 27 de febrero de 2012, recurso de apelación nº 96/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D, José María Rives Seva.

A AP Alicante, Sección 6ª, de 12 de julio de 2012, recurso de apelación nº 472/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D, José María Rives Seva.

A AP Castellón, Sección 1ª, de 23 de noviembre de 2012, recurso de apelación nº 67/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D. Esteban Solaz Solaz.

A AP Madrid, Sección 12ª, de 11 de enero de 2013, recurso de apelación nº 615/2012. Ponente: Ilmo. Sr. D, José María Torres Fernández de Sevilla.

   

18. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR MOTIVOS PROCESALES. TC, SALA 2ª. SENTENCIA 39/2015, de 2 de MARZO. RECURSODE AMPARO Nº 4219/2012

Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enriquez Sancho

   Materia: Estimación del recurso de amparo en una ejecución hipotecaria por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por la negativa del Juzgado ejecutor a dar respuesta a la excepción procesal planteada por el demandante de amparo y su esposa en el incidente de oposición a la ejecución, a saber, la inadecuación del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como consecuencia de que el título ejecutivo no habría cumplido con uno de los presupuestos establecidos por el art. 682.2.1 LECiv.

Sostiene el actor que en el título ejecutivo (esto es, en la escritura de constitución de la hipoteca) no se determinó el precio en el que los interesados tasaban el bien hipotecado para que sirviera de tipo en la subasta. El Auto recurrido en amparo, en lugar de entrar a resolver la excepción procesal, remitió a los ejecutados al procedimiento declarativo correspondiente para obtener respuesta a esa alegación, decisión basada en que el art. 695 LECiv no incluye expresamente ésta ni otras excepciones procesales entre las causas tasadas que pueden servir de fundamento al incidente de oposición a la ejecución hipotecaria. De acuerdo con el escrito rector del presente proceso de amparo, esa interpretación de la norma procesal sería contraria a la tutela judicial efectiva y también causante de real y efectiva indefensión, “en función de la precariedad de medios que tiene el deudor para su defensa” en este procedimiento, así como a la proyección que conlleva sobre el derecho a la propiedad y la lesión del derecho fundamental a una vivienda digna (art. 47 CE). Tratándose, además, de una excepción que afecta a un requisito de procedibilidad que, como tal puede ser apreciable de oficio por el Juzgado en cualquier momento del procedimiento, dando sin embargo éste una solución contraria al principio de economía procesal.

La representación procesal de la entidad ejecutante afirma, por el contrario, que el Auto recurrido no vulneró el art. 24.1 CE, porque hubo respuesta expresa a la alegación que sirvió de base al incidente, tras adecuada valoración y exposición razonada de los motivos, considerando razonable la decisión de remitir la resolución del asunto al declarativo posterior, por ser conforme con la regulación procesal civil.

Por su parte, el Fiscal solicita el otorgamiento del amparo, pues entiende que el órgano judicial debió entrar en el fondo de la alegación procesal planteada en el incidente, en atención a la importancia del requisito en cuestión, del que depende la procedencia misma del procedimiento especial de ejecución hipotecaria.

   Doctrina:

“… la queja de amparo queda reducida a determinar si el Auto de 17 de abril de 2012, al negarse a entrar en el fondo de la cuestión planteada con arreglo a las razones que ofrece, supone una respuesta razonada y proporcionada que se funda en una causa legal o si, por el contrario, el órgano judicial ha sido excesivamente riguroso, desde el punto de vista del derecho fundamental invocado”.

“… no está de más recordar que la decisión sobre la admisión o no de una demanda (como lo es, desde luego, la demanda ejecutiva basada en un título hipotecario, y como lo es también la demanda incidental de oposición), así como la apreciación de la concurrencia o no de los presupuestos y requisitos materiales y procesales constituyen cuestiones de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución compete a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el art. 117.3 CE, siendo facultad propia de la jurisdicción ordinaria determinar cuál sea la norma aplicable al supuesto controvertido (STC 122/1999, de 28 de junio, FJ 3). Ahora bien, el Tribunal Constitucional sí puede someter a control las decisiones sobre la concurrencia o no de presupuestos y requisitos procesales en “aquellos supuestos en los cuales la interpretación efectuada por el órgano judicial de la normativa declarada aplicable sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente” y cuando del acceso a la jurisdicción se trate, en los casos en los que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y la relevancia de los intereses que se sacrifican” (STC 33/2002, de 11 de febrero, FJ 5. En el mismo sentido, SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 92/2008, de 21 de julio, FJ 2, y, más recientemente, 129/2014, de 21 de julio de 2014, FJ 4). Asimismo, hemos sostenido que “el derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, y que tal derecho fundamental no exige necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las que resulten posibles” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4, y las que en ella se citan). “En definitiva, y conforme a lo anteriormente expuesto, en nuestro enjuiciamiento habremos de partir de que resultan constitucionalmente legítimas desde la perspectiva del derecho fundamental de acceder a la jurisdicción, aquellas decisiones de inadmisión o de finalización anticipada del proceso, sin que se resuelva sobre el fondo de las pretensiones deducidas en él, cuando encuentren amparo en una norma legal interpretada y aplicada razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción.” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4)”.

A la luz de la doctrina anterior, la decisión del órgano judicial de no entrar a resolver la causa de nulidad del procedimiento en que se basó la oposición a la ejecución hipotecaria, remitiendo al ahora demandante y a su esposa —como coejecutados— al procedimiento declarativo correspondiente para resolver sobre la procedencia misma del procedimiento especial que se seguía contra ellos, no cumple con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de entender “excesivamente formalista y rigurosa”, desde el punto de vista del derecho de acceso a la jurisdicción, la decisión judicial que, por ejemplo, impidió al tercer acreedor hipotecario intervenir en el avalúo y la subasta del bien hipotecado (STC 6/2008, de 21 de enero, FJ 3); igualmente se otorgó el amparo por considerarse rigorista la interpretación dada a la norma procesal que condujo a tener por transcurrido el plazo de oposición a la ejecución ordinaria, como consecuencia de dar por válida, por aplicación de la norma procesal civil, la comunicación del despacho de la ejecución a un procurador que ya había cesado en su representación (STC 110/2008, de 22 de septiembre, FJ 3)”.

Ese mismo exceso de formalismo concurre mutatis mutandis en el presente caso, en el que el Auto de 17 de abril de 2012 decidió no entrar a resolver sobre un óbice procesal que determinaría la procedencia misma del cauce especial de ejecución seguido. Es cierto que la STC 41/1986, de 2 de abril, que resolvió un recurso de amparo en el que el demandante se quejaba del incumplimiento de las normas que regulan el procedimiento a seguir, al haber admitido el órgano judicial una causa de oposición suspensiva no prevista en el procedimiento de ejecución que entonces regulaba el art. 131 de la Ley hipotecaria, afirmó (FJ 4) que la decisión sobre si las causas establecidas en el art. 132 de la Ley hipotecaria, antecedente del actual art. 695 LEC, “son de interpretación estricta y de carácter exhaustivo, o si, por el contrario, pueden los Tribunales paralizar o sobreseer un procedimiento hipotecario por razones diversas de las comprendidas en dicho artículo, o acogiéndose a las establecidas en él, si se lleva a cabo una interpretación extensiva de las mismas”, cualquiera que sea la respuesta que se estime más correcta desde el punto de vista del Derecho hipotecario, no viola “el derecho a la tutela judicial efectiva del acreedor hipotecario cuando éste dispone de otros procedimientos para hacer valer, en definitiva, su derecho”. En el presente caso, sin embargo, la decisión del órgano judicial de no resolver la cuestión procesal planteada por los ejecutados se refiere a un óbice apreciable de oficio por el juez, que afecta a la procedencia misma del procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que debería justificar en el presente caso que el órgano judicial hubiera que entonces regulaba el art. 131 de la Ley hipotecaria, afirmó (FJ 4) que la decisión sobre si las causas establecidas en el art. 132 de la Ley hipotecaria, antecedente del actual art. 695 LEC, “son de interpretación estricta y de carácter exhaustivo, o si, por el contrario, pueden los Tribunales paralizar o sobreseer un procedimiento hipotecario por razones diversas de las comprendidas en dicho artículo, o acogiéndose a las establecidas en él, si se lleva a cabo una interpretación extensiva de las mismas”, cualquiera que sea la respuesta que se estime más correcta desde el punto de vista del Derecho hipotecario, no viola “el derecho a la tutela judicial efectiva del acreedor hipotecario cuando éste dispone de otros procedimientos para hacer valer, en definitiva, su derecho”. En el presente caso, sin embargo, la decisión del órgano judicial de no resolver la cuestión procesal planteada por los ejecutados se refiere a un óbice apreciable de oficio por el juez, que afecta a la procedencia misma del procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que debería justificar en el presente caso que el órgano judicial hubiera dado respuesta a la alegación de la parte de improcedencia del procedimiento especial”.

En estas condiciones, la negativa judicial a examinar una cuestión que debería constituir una premisa lógica en el proceso racional de formación de la decisión, remitiendo a la parte demandante a un proceso posterior, resulta a todas luces desproporcionada, por excesivamente formalista, e incompatible con el derecho fundamental invocado. Lo que planteó el demandante de amparo en el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria, fue el incumplimiento de un requisito procesal derivado del propio título de ejecución y apreciable de oficio por el órgano judicial, argumento suficiente para que hubiera sido resuelto en el seno del incidente de oposición, a pesar de no estar previsto así expresamente por la norma (como, por cierto, también ha sido mantenido recientemente por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la reciente Sentencia núm. 462/2014, de 24 de noviembre, fundamento de derecho sexto, relativa a una ejecución de título no judicial). La decisión de no entrar en la cuestión, remitiendo al declarativo posterior para su resolución, no es, por excesivamente formalista, conforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tratándose además de una alegación de fácil comprobación por parte del órgano judicial, que debió favorecer así una respuesta más rápida y compatible con la economía procesal que la sostenida por la resolución impugnada”.

La estimación del primero de los motivos de amparo hace innecesario pronunciarse sobre la queja que se dirige contra la providencia de 23 de mayo de 2012 que decidió no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, y conduce a la declaración de nulidad, en primer lugar, del Auto de 17 de abril de 2012, que desestimó el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria núm. 4-2012 seguida ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete), el cual debe ser sustituido por una nueva resolución judicial en la que se dé respuesta a la alegación procesal planteada sobre la falta del presupuesto procesal que establece el art. 682.2.1 LEC. También declaramos nula la citada providencia de 23 de mayo de 2012, en cuanto no repara la vulneración causada por aquella resolución”.

No puede desconocerse, asimismo, que el recurrente en amparo –y su esposa–, haciendo uso de un plazo extraordinario concedido por la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, promovió un segundo incidente de oposición a la ejecución, esta vez para solicitar la nulidad, por abusivas, de dos cláusulas del contrato de préstamo; actuaciones que al ser posteriores y estar vinculadas al procedimiento de ejecución hipotecario del que dimanan las resoluciones de 2012, han de determinar también la declaración de nulidad del Auto resolutorio del mismo, de fecha 10 de septiembre de 2013”.

Por razones de economía procesal y de mayor efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, procede que el Juzgado ejecutor dicte un Auto en el que tenga en cuenta las dos impugnaciones planteadas por el recurrente, sin necesidad de reabrir un nuevo procedimiento. En consecuencia, y dado que la primera impugnación planteada era de índole estrictamente procesal, condicionante si se estima de la existencia del proceso hipotecario instado por la entidad ejecutante, y la segunda impugnación (escrito de 14 de junio de 2013) a su vez es de índole material (carácter abusivo de dos de las cláusulas del contrato), el Juzgado deberá acometer su resolución siguiendo el correcto orden de proceder que exige la distinta naturaleza y efectos de tales motivos de oposición ejecutiva”.

 

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