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MODERACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS. Por Carlos Ballugera Gómez

    

Carlos Ballugera Gómez

@BallugeraCarlos

     

1.- TEXTO DEL ARTÍCULO

“1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.

“2. Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley”.

 Ese es el texto del art. 4 del R. D.-l. 6/2012 redactado por art. 8.4 Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que bajo el título “Moderación de los intereses moratorios” nos deja ver la edición consolidada del BOE, a pesar de que, sin embargo, el art. 8.4 Ley 1/2013 omite ese título.

 Acompañamos al final de este comentario y ahora, para empezar el análisis, pondremos a la vista el cuadro comparativo de las dos versiones del precepto, a la izquierda la de 2012, a la derecha la mejora introducida por la ley de 2013.

 Según la reforma, en determinados contratos de hipoteca el deudor al pedir cualquier medida CBP, acreditando su situación de exclusión, tendrá derecho a que se modere o reduzca el tipo de interés de demora a un porcentaje no superior al resultado de sumar al interés remuneratorio pactado un 2% sobre el capital pendiente.

    

2.- EL MOTIVO DE LA REFORMA

 Es claro que la reforma pretendía primero, reducir el diferencial a sumar al interés remuneratorio pactado para formar el tope máximo del interés de demora al dos por ciento del capital pendiente y, en segundo lugar, se complica el momento inicial de aplicación de la limitación, añadiendo al momento determinado por la acreditación de la situación de exclusión, el que resulta de la solicitud de alguna medida del código de buenas prácticas.

 Esos se presentan como los motivos centrales de la reforma. Ambos son cambios que suponen mejoras de la regulación, ya que se rebaja la cuantía del diferencial y se admite que la reducción de la mora pueda empezar, sin necesidad de acreditar la situación de exclusión, sólo con la solicitud de una medida de reestructuración de la deuda.

 El primer motivo es evidente, en cuanto al segundo, es claro que se establece un doble momento inicial para la moderación, el de solicitud de medida de reestructuración CBP y el de acreditación del umbral de exclusión, por lo que siguiendo el argumento "pro consumatore" creemos que se ha de tomar para contar la entrada en vigor del límite el momento más beneficioso para la persona consumidora, sea uno u otro. Este momento será el que arroje una cantidad menor de deuda por mora.

 No creemos, sin embargo, que el motivo de la reforma haya sido limitar los acreedores obligados a aplicar la limitación de la cuantía de los intereses de demora sólo a aquellos que se hayan adherido a dicho código, a fin de proteger a la norma de eventuales reclamaciones de los acreedores por el carácter retroactivo de la limitación.

 Los acreedores están satisfechos con la cortedad de miras y con las extraordinarias cautelas de las medidas de esta Ley, por lo que nos parece que no se les pasa ni se les pasará por el pensamiento impugnar una norma que tan bien protege sus derechos. Por eso, creemos que el artículo no sólo se aplica a entidades adheridas al CBP sino a cualquier acreedor al margen de su adhesión al código.

 Exigir que el acreedor este adherido al CBP para que la limitación le obligue, va contra la literalidad de la norma. El artículo usa el verbo solicitar y solicitar no es obtener.

 La limitación del interés de demora del art. 4 es ventajosa para el deudor si se compara con el triple del interés legal del dinero, aunque nosotros hubiéramos preferido que el interés moratorio y el remuneratorio se igualaran, ya que nada hay que indemnizar al acreedor por el impago más allá que la pérdida de intereses remuneratorios, habida cuenta que las cantidades por mora están aseguradas con la hipoteca.

 Además, según el principio "pro consumatore", una ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios no puede debilitarlas y la interpretación contraria a la que sostenemos debilitaría la protección que le daba la regulación anterior contenida en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

 El legislador también está sometido al principio "pro consumatore" y ese principio se quebrantaría con una interpretación como la criticada, que reduce la protección de los deudores.

    

3.- RECAPITULANDO SOBRE EL TOPE MÁXIMO

 Al comentar en 2012 el art. 4 del primitivo Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, partíamos de que en la estipulación sobre los intereses de demora en la hipoteca de financiación de la vivienda, no se podía establecer un interés superior a la indemnización correspondiente por el retraso en la entrega de una cantidad de dinero.

 Además, creíamos que el ámbito de aplicación de la medida no exigía que el banco estuviese adherido al CBP; que el artículo no sólo tenía carácter retroactivo –cosa harto contradictoria- sino que se aplicaba también a los contratos futuros. También creíamos que la medida del art. 4 se extendía a multitud de deudores y contratos, a todos aquellos respecto de los que el decreto establecía alguna norma, previsión o regulación, que son muchos, es decir a todos aquellos supuestos de hecho respecto del que el Real Decreto-ley contiene alguna consecuencia jurídica, pues regular es precisamente, poner una consecuencia jurídica para algún supuesto de hecho.

 Denunciábamos entonces que la moderación introducida chocaba contra el art. 6 Directiva 93/13/CEE y contra la STJUE 14 junio 2012 que lo aplica. Mantenemos lo dicho en aquel momento, pero la Ley 1/2013 ha traído muchos cambios que inciden sobre este artículo.

   

 4.- EL DISCUTIBLE ÁMBITO DE APLICACIÓN: LOS DEUDORES REGULADOS

 Los contratos y deudores regulados en el R. D.-l. 6/2012 son los que tienen en el mismo alguna regla o consecuencia jurídica. El decreto da muchas reglas que afectan a deudores y contratos que no están en el umbral de exclusión y que quedan regulados por esta u otra disposición del decreto y que por tanto, están regulados por el decreto.

 Así que no consideraremos regulados por el decreto los deudores que el mismo dice que no regula –aunque esa sea una regulación-, pero sí consideraremos regulados por el mismo, aquellos deudores, aunque no estén en el umbral de exclusión, a los que el decreto dedica alguna otra regla. Esa interpretación nos lleva a la lista de deudores y contratos sujetos que ya pusimos en el comentario al art. 4 Real Decreto-ley 6/2012 en su primitiva redacción.

 En favor de esta tesis militan además dos poderosos argumentos, el principio de interpretación de las normas pro adherente y pro persona consumidora y una aplicación conforme a tal principio de la regla según la cual la lista de cláusulas abusivas es indicativa y no exhaustiva (art. 3.3 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas).

 La interpretación que sostenemos es la más beneficiosa a la persona consumidora y adherente, por tanto, es esa la que queda avalada y protegida por ese principio interpretativo de carácter constitucional e imperativo en el Derecho español recogido en los arts. 9.2 y 51 CE.

 En cuanto al criterio abierto y no exhaustivo para apreciar el carácter abusivo de una cláusula, en particular el que sostiene el carácter abusivo de la estipulación de intereses de demora diremos lo siguiente.

 El art. 3.3 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas dispone “3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”.

 La circunstancia de que la misma norma imperativa (el art. 4.2) contenga un precepto restrictivo de su aplicación, por tanto, una norma interpretativa en cuanto a su ámbito contradice el art. 3.3 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas, que sienta en su lugar un criterio expansivo al decir que la lista de cláusulas abusivas es indicativa y no exhaustiva. El art. 4.2 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo al ser contrario al Derecho comunitario tiene que ser inaplicado por las autoridades nacionales y no vincula a las personas consumidoras.

    

5.- CUANDO LA CLÁUSULA A MODERAR ES ABUSIVA

 Recientemente se debate sobre si los jueces pueden moderar o reducir cláusulas abusivas de intereses de demora aunque la moderación se ampare en la Ley. Con el artículo cuatro que comentamos, la cuestión es si se podrá aplicar el mismo cuando la cláusula de intereses de demora a moderar sea abusiva. La respuesta nos parece claramente negativa[1].

 Antes de aplicar el art. 4 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo hay que mirar si la cláusula que se modera es abusiva o no. Si lo es no se podrá integrar el contrato con ningún tipo de interés de demora. Sólo un pacto entre las partes, fruto de la negociación, puede salvar, en el contrato que contenga tal abuso, la posibilidad de cobrar intereses de demora.

 A la hora de negociar ese pacto el deudor aparece en una situación de fuerza, ya que su negativa impedirá al banco cobrar intereses por mora. Esa postura ilustra sobre lo que hemos dicho más arriba: que no es necesario para aplicar el art. 4 que el acreedor esté adherido al CBP.

 En definitiva si la cláusula de intereses de demora es abusiva no cabrá integración de la misma, ya que en esta materia la única integración posible es la que beneficia a la persona consumidora, conforme a los arts. 61 y 65 TRLGDCU. Ese criterio ha sido consagrado jurisprudencialmente por la STJUE 14 junio 2012.

   

6.- OTRAS CUESTIONES

6.1.- Fuerza orientadora de la limitación

 Hemos visto que la aparente restricción del ámbito de aplicación del art. 4 por su segundo párrafo debe dejar a salvo el Derecho comunitario, de modo que el criterio o moderación del interés de demora que sienta el art. 4 cabrá aplicarlo como módulo para calificar una cláusula como abusiva y también podrá aplicarse orientativamente a préstamos de deudores que no están en el umbral de exclusión.

 El resultado de ello es que no sólo tiene un vigor imperativo que obliga a reducir la estipulación de intereses moratorios, sino que además nos brinda un criterio de interpretación para otros casos semejantes no incluidos expresamente en el supuesto de hecho.

 El criterio cuantitativo del art. 4 va a poder ser usado por autoridades, funcionarios y deudores como una indicación u orientación de lo que el ordenamiento jurídico considera máximo lícito de intereses de demora en el juicio sobre el carácter abusivo de esa estipulación.

 Esa función ha sido reconocida por la STJUE 14 marzo 2013 como módulo de comparación entre una estipulación y la regulación vigente en el contrato para el caso de que dicha disposición contractual no se hubiese incorporado al mismo, a fin de comprobar si la cláusula contractual produce un desequilibrio importante en perjuicio de la persona consumidora.

 Esa comparación y la valoración consecuente de ella del juez, autoridad o funcionario del Estado miembro, es obligatoria para ellos como un límite o presupuesto necesario que deberán respetar al apreciar si una cláusula es o no abusiva, de modo que opera como un límite de Derecho comunitario a la potestad de los órganos correspondientes de los Estados miembros de apreciar la nulidad por abusiva de una cláusula no negociada individualmente en contratos de adhesión[2].

 Así, al aplicar la guía que sacamos de aquella sentencia, para saber si la cláusula produce un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, compararemos el interés de demora estipulado con el que resulta del art. 4 Real Decreto-ley y a la vista de la comparación, valoraremos si la estipulación de intereses de demora en cuestión es equiparable al resultado de una negociación conforme a la buena fe desarrollada por un profesional que trata de manera leal y equitativa a sus clientes.

6.2.- Alusión al capital pendiente

 La precisión de que el diferencial a sumar al interés remuneratorio pactado para cuantificar el límite de intereses de demora es un dos por cien sobre el capital pendiente crea una cierta confusión. La base de aplicación del interés de demora parece claro que no puede ser otra que el capital pendiente, es decir, el capital en mora.

 Pero la duda la crea la alusión a que lo que se añade al interés remuneratorio sea un dos por ciento sobre el capital pendiente. Ninguna confusión habría si la dicción del precepto omitiera la expresión “sobre el capital pendiente”. Tampoco habría gran duda si el precepto dijera un dos por ciento “del capital pendiente”. Pero lo que dice es que “el interés moratorio aplicable” –no el tipo de interés aplicable- será “el resultante” de añadir al interés remuneratorio un dos por cien sobre el capital pendiente.

 El interés moratorio aplicable puede entenderse tanto como suma o cuantía concreta devengada por mora como tipo de interés moratorio. La expresión “aplicable” abona lo segundo: que se trata de fijar el tipo de interés de demora, pero no descarta por completo lo primero: que se trate de la suma limitada aplicable tras moderar la cuantía resultante de aplicar al capital en mora el interés de demora estipulado.

 Veamos la duda con un ejemplo. Supongamos que el interés remuneratorio es del 2%, el capital 1.000 y el período en mora de dos años, la cantidad debida por interés de demora serían 40 de interés remuneratorio más 20 de interés de demora, dando un total de 60.

 ¡No! Dirá alguien: serán 80, ya que el dos por cien es anual. Además si el período de mora fuese menor al año, incluso de un día, la mora seguiría siendo de 20, lo que perjudicaría al deudor menos moroso. Pero el art. 4 ha de interpretarse en primer lugar según su tenor literal. ¿Dónde dice el artículo que el diferencial es anual? En ninguna parte. Además la interpretación "pro consumatore" obliga a la interpretación indicada, según la cual sólo cabe añadir un dos por ciento una vez al interés remuneratorio devengado por las cantidades pendientes, es decir, por las cantidades de capital en mora.

 También debe matizarse que cuando el período en mora sea inferior al año, la solución no es adicionar a la cantidad devengada por intereses moratorios una cantidad igual al dos por ciento del capital, sino hacerlo sólo cuando haya pasado un año de la mora, debiendo entretanto devengarse como mora una cantidad igual a la resultante de aplicar al capital, el interés remuneratorio.

6.3.- Incumplimiento de todos los deberes y contraprestaciones del acreedor

 Supuesto que en el caso en cuestión al afrontar la moderación de los intereses de demora éstos no sean abusivos todavía tenemos que ver si el acreedor ha cumplido todos sus deberes y contraprestaciones, ya que en caso contrario no podrá declarar en mora al deudor. Eso resulta del último párrafo del art. 1100 CC en relación con: art. 3.3 y letra o) del anexo de la Directiva 93/13/CEE; arts. 85.5 y 87.1 TRLGDCU[3].

 Así, en el supuesto de que en el contrato haya alguna cláusula abusiva declarada nula por los tribunales, debe comprobarse que el acreedor en cumplimiento de su obligación de retirarla del contrato lo ha hecho, además, que ha cumplido todas sus obligaciones y deberes de información previa al contrato, la normativa de transparencia, etc.

  

7.- CONCLUSIONES

 No es necesario que el banco acreedor se haya adherido al CBP, atendiendo a una interpretación literal y "pro consumatore" del artículo cuatro. El momento inicial de aplicación de la limitación será el más favorable para el deudor entre los dos contemplados por la norma: solicitud de reestructuración y acreditación de la exclusión.

 Seguimos creyendo que la única cantidad indemnizable por el retraso en la devolución de una cantidad de demora en la hipoteca es el interés remuneratorio estipulado. También consideramos que el ámbito de la moderación de intereses de demora no sólo abarca a los deudores hipotecarios en umbral de exclusión sino a otros muchos a los que se aplica alguna regla del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. También insistimos en que no cabe la moderación cuando la estipulación de intereses de demora es abusiva.

 La alusión al capital pendiente, desde una interpretación "pro consumatore", obliga a considerar que el plus de un 2% sobre el interés remuneratorio sólo se puede aplicar una vez sobre el importe total del capital en mora, para lo que será necesario que el deudor se encuentre en mora al menos durante un año.

 Finalmente, a la vista de la cuestión prejudicial de 18 agosto 2013 del Juzgado de Marchena, reiteramos nuestra creencia en la imposibilidad de moderar e integrar el interés de demora con el límite del art. 4 cuando la estipulación de intereses de demora que se reduce es abusiva.

 En resumen, nos encontramos ante una regulación de los intereses de demora de las hipotecas de vivienda que deja bastante que desear. No se respeta el daño producido a la hora de fijar un límite indemnizable por la mora, abre muchas dudas y cuestiones tanto de inconstitucionalidad como de prejudicialidad europea.

 Con esta norma parece que los intereses de los deudores en situación de dificultad han ganado en cuanto se reconoce el derecho de estas personas a medidas de protección, pero la ganancia es poco en realidad.

 Con todo, la actitud del legislador que se plasma en las normas comentadas es en buena parte el resultado del clamor de la gente, lo que a su vez indica, que los derechos se conquistan por los ciudadanos en los tribunales, exigiendo el cumplimiento de las leyes y el respeto de sus derechos, pero también mediante la legítima acción política y democrática de plataformas y colectivos de afectados por desahucios, sobreendeudamiento y otras situaciones injustas que la crisis económica ha hecho visibles, pero que están lejos de desaparecer.


CUADRO COMPARATIVO DEL PRECEPTO ANTES Y DESPUÉS DE LA MEJORA


Artículo 4. Moderación de los interesesmoratorios.

1. En todos los contratos de crédito opréstamo garantizados con hipotecainmobiliaria en los que el deudor seencuentre situado en el umbral deexclusión, el interés moratorio aplicabledesde el momento en que eldeudor acredite ante la entidad quese encuentra en dicha circunstancia,será, como máximo, el resultante desumar a los intereses remuneratoriospactados en el préstamo un 2,5 porcien sobre el capital pendiente delpréstamo.

Cuatro. El artículo 4 queda redactadodel siguiente modo:

«1. En todos los contratos de créditoo préstamo garantizados con hipotecainmobiliaria en los que el deudorse encuentre situado en el umbral deexclusión, el interés moratorio aplicabledesde el momento en que eldeudor solicite a la entidad la aplicaciónde cualquiera de las medidas delcódigo de buenas prácticas y acrediteante la entidad que se encuentra endicha circunstancia, será, como máximo,el resultante de sumar a losintereses remuneratorios pactadosen el préstamo un 2 por cien sobre elcapital pendiente del préstamo.

2.Esta moderación de intereses noserá aplicable a deudores o contratosdistintos de los regulados en el presente real decreto-ley.

2. Esta moderación de intereses noserá aplicable a deudores o contratosdistintos de los regulados en el presente Real Decreto-Ley.»




[1] Vid la cuestión prejudicial de 16 agosto 2013 del Juzgado de 1ª instancia núm. 2 de Marchena.

[2] Recordamos incidentalmente que las resoluciones DGRN 13 setiembre y 18 noviembre 2013 comprende a notarios y registradores de la propiedad entre las autoridades de los Estados miembros obligadas a asegurar la efectividad de las Directivas comunitarias.

[3] Último párrafo art. 1100 CC: En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro.

 Art. 3.3 Directiva 93/13/CEE: 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

Apartado 1.o) Anexo Directiva 93/13/CEE: ANEXO. CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 3

1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

[...]

o) obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no hubiera cumplido con las suyas [...]

 Art. 85.5 TRLGDCU: Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario

Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes:

[...]

5. Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aun cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.

 Art. 87.1 TRLGDCU: Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:

1. La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos.

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